Editorial. El Parlamentarismo que nos falta. Por Ricardo J. Cornaglia. - Revista La Defensa Nº XX Junio 2018

Puso a los legisladores a la altura de su cometido, ayudados por el Poder Ejecutivo, que sólo dejó de entrever su propia posición, sin demostrar vocación de imponerla y reconociendo que para bien de todos, la solución legislativa intentable,  debe ser resuelta por los representantes del pueblo, en la asamblea institucional democrática que puede admitir a la diversidad.

Si el ejecutivo se dedica con humildad, a la pesada carga de su gestión y abandona el ejercicio abusivo del poder de iniciativa en busca de leyes mágicas, que resuelvan los problemas de administración de su estricta competencia y responsabilidad operativa, mejorará sensiblemente la calidad institucional. Tendrá la oportunidad de demostrar si gobierna para el cambio o solo lo promete y en realidad supervive en la crisis, cumpliendo mal su estricta función republicana: administrar.

Podrá el Presidente aventar la sospecha a la que llevan dos años y medio de gestión en los que la promesa de cambio en la administración, pocos logros puede exhibir y  de los alcanzados, no pueden escapar al tilde del gatopardismo.

El debate parlamentario, sin riendas partidocráticas, comprobó que el pluralismo brinda a la democracia las herramientas que esta necesita en los grandes temas que la sociedad enfrenta.

La República agradecida, pese a las paradojas de la historia.

La ley votada contradice la propia posición conservadora del Presidente, en relación a la despenalización, tímidamente esgrimida por {este, que tuvo el rasgo de humildad, de permitir sin tapujos a su hueste, el voto a conciencia, en un tema que bien lo merecía.

El único bloque importante, que no exhibió diversidades de conciencias, respondió a la administración anterior, cuando por más de una década, contando con mayoría absoluta en las cámaras, nunca permitió el ingreso al debate legislativo del tema y todo indicaba que si resultaba tan cercano al Papado actual, tendría que haberse posicionado a favor de la penalización.

Reconozcamos todos que la cuestión abordada, de salud pública, hace a la vida y a la muerte. No puede ser considerada de fácil solución pese a la urgencia de la necesidad de su trato. Y el dejar de tomar medidas, o el adoptarlas para cambiar el estado de cosas, no deja de tener que soportar los costos, que esas medidas llevan implícitos.

Para poder enfrentar la cuestión,  decidimos volver a las fuentes que consideramos magistrales, procediendo a releer al penalista que nos resulta más querido y significativo para nuestra generación. Al que la vida política republicana, llevó a la condición de exiliado, superviviendo al millón de muertos de la guerra civil española. Refugiado en la Argentina para honra de ésta.

Luis Jimenez de Azúa, el presidente de la República española en el exilio, dio a conocer en 1942 en la ciudad de Buenos Aires, donde recalara, esa obra que sacude las entrañas de los estudiosos, que tituló “Libertad de amar y derecho de morir”, publicada por la editorial Losada S.A.

El Título Cuarto de ese libro lacerante, “La paternidad y la maternidad conscientes”, dedica su capítulo D,  a “El Aborto”, (páginas 319 a 395) y sirve al análisis acabado del derecho y legislación comparada y la nacional, de su época. Y lo lleva en definitiva en líneas generales, a las mismas proposiciones personales alcanzadas (con variantes de poca significación), a las sancionadas por la Cámara de Diputados. Ocho décadas tardamos en entenderlo y asimilarlo.

Sin embargo, la cuestión no quedó saldada (ni siquiera legislativamente) y merece una continuación que demuestre que el Senado está en condiciones de comportarse a la altura de lo hecho en la llamada Cámara baja.

Si no quedó saldada, por lo menos quedó momentáneamente soldada. Resta ver si se la pone a prueba con la abstención ante la duda.

Ninguna institución Argentina debió quedar al margen de la construcción en la diversidad cuando los derechos humanos están puestos a prueba. Pero no fue así en esta ocasión, en la que la  Cámara de Diputados  supo dar un ejemplo de una práctica a seguir.

En el seno del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la cuestión fue encarara informalmente. La falta de formalidad no indica despreocupación y en cuanto a la creación de doctrina, suele ser tan útil, como en otros casos lo es el formalismo.

El tema no pudo ser agotado y si bien en la última reunión de su Mesa Directiva, resultó claro que una mayoría de los miembros se demostró favorable a la despenalización, también se hizo notar que una minoría estuvo en contra y un sector omitió expedirse. Cada uno tuvo la oportunidad de expedirse y el que encontró prudente hacerlo lo hizo. Pero lo cuestión no llegó al punto de madurar en un dictamen. Ni la entidad madre requirió el dictamen, ni de oficio el Instituto pudo completar un cometido que merece un tratamiento prolijo.

Como los juristas elegidos para integrar el IDEL por la abogacía organizada gremialmente en la F.A.C.A., no se creen dueños de la verdad, la lógica es que busquen en toda la abogacía las certezas que les pueden seguir siendo necesarias. Cualquiera sea el resultado de lo que se logre hacer en el Congreso finalmente, (con ley sancionada o no), es lógico que el tema llegue a la próxima Conferencia Nacional de Abogados. El evento está siendo organizado para llevarse a cabo en abril del 2019, actuando el IDEL como su organizador académico, función que debe sostenerse en el activismo de sus distintas Secciones  y en particular en  el del Colegio de Abogados de La Plata,  anfitrión que se ofrece para recibirla y que necesita del apoyo de todos los miembros de la Federación. Tendrá también que estar presente en la Jornadas Nacionales preparatorias de esa Conferencia, que tendrán lugar convocadas por el Colegio de Abogados de Córdoba si se cumple lo programado en el mes de noviembre de este año en curso.

Esta prudencia que nos viene acompañando, que en este caso no puede ser exhibida como una virtud, tuvo lugar cuando una marea humana, manifestándose  unos a favor y  otros en contra, de la despenalización parcial de este tipo delictivo, ganó las calles (sin violencia por fortuna) y como expresión de masas, en una sociedad sensible a ello, con los peligros que implica.

¿Estaremos todos aprendiendo por fin, a partir del sufrimiento?

Para  la ley que todavía nos falta, y la jurisprudencia que deberá aplicarla y controlarla constitucionalmente, nuestro compromiso y las posiciones que lo expresen, resultan necesarios.

Una defensa siempre necesaria y mucho más útil, cuando el poder ejecutivo administra, el legislativo construye el orden jurídico como expresión normativa y racional de la democracia y el por judicial aplica el complejo normativo alcanzando la justicia posible. Todos sin declamar sobre las funciones de los otros y haciéndose cargo de las suyas.