Cambios estructurales en la Justicia Nacional del Trabajo
Fuente: La Nación17 de junio de 2018
Por Mario Fera
La situación de muchos tribunales de nuestro país ha sido observada con preocupación por diversos medios últimamente. Entre ellos están los tribunales laborales de la Capital Federal, que componen la Justicia Nacional del Trabajo, sea por la cantidad de juicios que tramitan o por las condiciones de sus oficinas o edificios. Esa situación crítica afecta a quienes frecuentan los tribunales como abogados o litigantes, trabajadores o empleadores, así como a jueces, funcionarios y empleados que trabajamos con notables carencias.
Es sabido que esa situación no puede cambiar de un día para otro, sino sólo mediante decisiones sostenidas en el tiempo. Y es cierto que hace más de una década el Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema, emprendió políticas de estado destinadas a obtener mejoras, aunque quienes observan la situación desde afuera no encuentren cambios.
En los últimos meses, desde la presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tratamos de poner manos a la obra -desde los límites que somos conscientes que tenemos- para lograr en los tribunales laborales algunos cambios que, aunque incipientes, estamos empezando a percibir.
Se convocó al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a un ámbito de diálogo para que juntos, quienes estamos dentro del Poder Judicial y quienes actúan ante él en defensa de las partes pero también integran el sistema judicial, trabajemos en la solución de los problemas que nos afectan. Se sumó también al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Asociación de Abogados Laboralistas. Se definió un cronograma de trabajo para los próximos meses, tratando de canalizar los reclamos de los profesionales.
También se empezaron a mejorar las condiciones de los siete edificios donde funcionan los 80 juzgados y las 10 salas de apelaciones que componen la Justicia Nacional del Trabajo. Se están habilitando más baños públicos y mejorando escaleras, iluminación y limpieza. Advertidos de los riesgos que implica el cúmulo de expedientes en pasillos, oficinas y en varios casos en cocinas y baños, se concretó una mudanza de casi 15 mil expedientes a jaulas de archivo -con el auxilio de la Corte Suprema- y se destruyeron antiguos legajos acumulados, para mudar miles de expedientes más.
Están involucrados representantes gremiales de los trabajadores judiciales, con quienes hubo varias reuniones de concientización común de los problemas que nos afectan. Se fijó en conjunto un cronograma de trabajo y seguimiento de temas.
La acción se dio asimismo respecto de las leyes que nos rigen. Se convocaron a todos los jueces del fuero y hubo varios encuentros de debate para redactar reformas a la ley de procedimiento, para tener juicios más rápidos y acordes con las nuevas exigencias. Para atender a los reclamos vinculados a la reciente reforma de la ley de riesgos del trabajo se dictó una reglamentación que asegure un adecuado proceso cuando intervengan las comisiones médicas administrativas.
También se está mejorando la gestión de las oficinas de personal y de tecnología; con esta última se va superando la lentitud provocada hace años por el sistema informático que unificó el de todo el Poder Judicial de la Nación, sistema que además implicó dejar de tener estadísticas confiables para medir nuestra tarea.
Sabemos que la solución a varios problemas estructurales no está a nuestro alcance. Por eso hubo reuniones y se cursaron notas al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema para que, en la medida de sus posibilidades, provean las herramientas y el personal necesarios para salir del estado de vulnerabilidad en el que nos pone la escasez de recursos. Ello permitirá que el esfuerzo cotidiano que se hace sirva para afrontar con eficacia la resolución de las decenas de miles de expedientes que tramitan en juzgados y salas: sólo durante 2017 se iniciaron más de 84.000 juicios.
Mientras tanto, con un buen número de colegas jueces de ambas instancias se está llevando adelante estos intentos de mejorar la situación de tribunales que son valiosos para un sector importante de la población: trabajadores y empresas de dimensiones diversas integradas al sistema productivo de nuestro país que esperan, como corresponde a una sociedad seria, solucionar sus conflictos a tiempo.
El autor es presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo