En su cuarta reunión del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales celebrada en el día de la fecha en el Colegio Público de Abogados, se dio continuidad al debate sobre el rol de la autoridad de aplicación en las relaciones laborales y en la fiscalización de las entidades sindicales.

En tal sentido verificamos que aun con el cambio de autoridades en el  Ministerio de la producción y trabajo, en la Secretaria de Trabajo y en las principales direcciones la  actitud ante los conflictos y el rol de la autoridad de aplicación en la negociación colectiva que denunciáramos oportunamente, se mantuvo y en algunos casos se vio agravada.

Vemos con alarma los intentos de injerencia en la voluntad de las partes que buscan imponer modalidades reñidas con el orden público laboral y la tutela efectiva de derechos

Las propuestas de incluir en los convenios colectivos clausulas referidas al denominado “banco de horas” y la creación de fondos de cese que remplace las obligaciones de los empleadores de reparar los daños al momento de la extinción unilateral e incausada del contrato de trabajo, confirma la tendencia que ha caracterizado la gestión de las autoridades desde su asunción reflejadas en los proyectos de leyes que tuvieron estado parlamentario pero no pudieron imponerse  por no tener las mayorías necesarias.

En evidente contradicción con la autonomía colectiva se intenta extorsionar a las entidades que la representan para imponer clausulas peyorativas que el gobierno ha denominado “reforma laboral sectorial” cuya prueba de ensayo comenzó sin éxito aun con los sindicatos   metalúrgicos, textiles y de indumentaria.

A semejanza de lo que imponían las leyes flexibilizadoras de la década del 90 se presiona para disponer, por intermedio de la negociación a la baja,  las tutelas que son parte sustancial de los mínimos inderogables establecidos por las normas heterónomas.

No se trata de un debate entre partes tendiente a mejorar las relaciones de trabajo en concordancia con la tutela y la productividad. Simplemente se propone una rebaja de costos para cumplir las pautas impuestas por los organismos multilaterales de crédito.

También cabe resaltar  la escasa negociación colectiva formal. Efectivamente existe una disminución sustancial en las homologaciones de convenios De acuerdo a estudios recientes en los dos últimos años la cantidad de homologaciones de acuerdos y convenios colectivos de trabajo se redujo un 50% y sus contenidos se limitan a renovar y revisar acuerdos salariales por debajo de los niveles de inflación.

La vocación intervencionista de las nuevas autoridades se manifestó recientemente en el nombramiento de nuevos interventores en los sindicatos en esa condición; en algunos casos contradiciendo resoluciones judiciales en contrario. Esto confirma que las nuevas autoridades son continuadoras de lo que se reflejó en estos años con la gestión del Ministro saliente.

Verificamos que continúa el retraso en el libramiento de certificación de autoridades como practica para impedir la normal vida institucional de las entidades sindicales. Se intenta obstruir el flujo económico a fin de obstaculizar la acción sindical.

En el mismo sentido, las demoras en las homologaciones de los convenios retrasan los aumentos salariales causando importantes perjuicios en los trabajadores que no la perciben.

Vemos con preocupación la alarmante cantidad de despidos masivos y micro despidos en la pequeña y mediana empresa, las quiebras y los cierres de talleres y establecimientos La pérdida de fuentes de trabajo y la rebaja del salario real son una de las características salientes de la actual gestión económica

La pérdida de puestos de trabajo se profundizo a partir de marzo del 2018 afectando a más de 140.000 trabajadores, tendencia que no ha llegado a su fin, sin que se haya implementado medidas efectivas en busca de protección de los puestos de trabajo.

El deterioro del salario real durante 2018 fue el más importante desde la crisis del 2002, con una caída superior al 11% en el caso de los trabajadores registrados del sector privado y aun mayor en el caso de los trabajadores del sector público.

Por todo ello el Foro de Abogados de organizaciones sindicales ratifica las posiciones que le dieron origen y  las denuncias públicas oportunamente formuladas.