Una sociedad enferma se dedica al “dolce far niente”. Termina por ser una sociedad consumista, que rinde culto a placeres insustanciales, formadora de inútiles.

Una sociedad sana se apoya en una cultura del trabajo. Pero, atención lector, porque el bien escaso que es el trabajo, no debe faltar, y debe ser asumido en su justa medida, ya que se puede tornar en un instrumento de dominación, para sus apropiadores y de alienación para los dadores, los trabajadores.

La cultura del trabajo, determina pautas de exigencia, que consolidan valores, constituyentes de   reglas a seguir tanto para los dadores de empleo privado o público como por los trabajadores asalariados. Pautas de conducta que incluso rigen para el trabajador  o emprendedor autónomo de la economía informal. Porque también para ellos el mercado se encarga de imponer sus reglas, como condición de subsistencia. Ni siquiera escapan a esas pautas las cooperativas de trabajo o producción o las llamadas empresas recuperadas de economía social.

En época de crisis, cuando una sociedad peligra,  la corrupción se exacerba, desnudándose de su ropaje, revelando sus lacras.

Es entonces que el barómetro del postulado de la eficiencia, demuestra lo inútil de la simulación del trabajo, que tan laboriosamente cultiva la burocracia, gastando sus energías en la simulación, no en la creación de bienes y servicios.

Enseña Max Weber, que es el postulado de la eficiencia, el que sirve para justificar la existencia de  la burocracia, y que ésta, en su desmesura, termina por constituirse en una categoría social dominante. Política y económicamente dominante. Inútil por la sin razón de estar justificada en la eficiencia para servir a otros y haberse frustrado sirviéndose a sí misma.

Esto alcanza a ser un factor dominante de la política. Aunque se manifieste más claramente en la función pública, la tecno burocracia se consolida también en la actividad privada. En las finanzas internacionales y las grandes empresas los burócratas encarnan el poder real.

En esos planos, lo público y lo privado compiten en la paradoja o aporía, propia del boicot de la eficiencia ausente, por causa de los que tienen por razón de ser, ese postulado al que antes nos referimos.

En el editorial del número anterior de esa revista nos preguntamos: “¿Cómo hacer que la burocracia que responde al postulado de la eficiencia no pase a gobernarnos demostrando que la democracia por sí solo ni cura, ni educa, ni alimenta?”.

Ninguno, de los abogados a los que interrogamos amagó con una respuesta.

Trataremos de dar la respuesta que no llegó, al órgano de prensa de este Instituto de estudios, que tiene asignado el deber de contribuir al saber jurídico y crear conciencia ética y política, en la Federación representativa de la abogacía, que está por cumplir un siglo de existencia.

En definitiva es necesario, afirmar una escala de valores que  impida:

Que la República Constitucional y el Estado de Derecho Social se transformen en una promesa  incumplida.  

Que la democracia no se degrade en demagogia.

Que los partidos políticos se constituyan en escuela de civismo y ejemplos de conducta, austeridad, alternancia  y pluralismo.

Que el federalismo renazca, para el auténtico ejercicio del poder representativo.

Que poder legislativo se avoque a la tarea de la representación del mandato popular, asumiendo su rol y cese de estar constituido en la escribanía legitimadora de decretos de necesidad y urgencia, sancionados en detrimento de las facultades del Congreso.

Que las Cámaras de Diputado y Senadores usen el trabajo a distancia como forma eficiente de dar testimonio público del quehacer en las comisiones en las que las leyes de preparan a partir del trabajo conjunto y reserve el recinto para los debates que importan a toda la sociedad.

Que el poder judicial se desprenda del enredo de trámites que vedan el acceso irrestricto a la justicia. Condene cuando debe condenar. Libere cuando debe liberar. No siga excusándose. Se constituya con magistrados no influenciables. Dignos de la autonomía que necesitan y que se prestigien por su hacer, no por su consentir. Que hablen con claridad en sus sentencias y cumplan con el deber de ser guardianes últimos de la Constitución y la ciudadanía, ante todo abuso de poder constituido.

Que el Consejo de la Magistratura se ajuste en las formas y en el fondo al rol que la Constitución le otorga y los representantes del poder legislativo y la magistratura entiendan de qué forma les comprende las generales de la ley y pierdan la hegemonía, que mal ejercen sobre la abogacía y la academia, que son en definitiva, los que mejor representan a la ciudadanía que sufre injusticias.

El cuadro de situación que hemos descripto, y las metas que orientan el cambio capaz de soportar y superar la crisis, obligan a reclamar una correcta gestión de los tres poderes del Estado, para que actuando como movilizadores de todas las fuerzas vivas del país, reconstruyendo una cultura del trabajo que se nos fue quedando en el camino.

Quienes detentan el poder tienen la obligación de dar el ejemplo y rendir cuenta de sus abusos, para reconquistar la confianza de la población a base de lealtad. Enalteciendo la política como el arte de gobernar.

Ya hemos invocado la necesidad de un parlamentarismo que nos falta, y denunciado el peligro del presidencialismo que nos sobra, sin ser capaz de asumir los deberes de la correcta gestión  administrativa y cumpliendo con las obligaciones propias de los servicios a su cargo.

Es hora de dejar de excusarse cada gobierno de turno, en las culpas de los anteriores y las herencias recibidas, como si los argentinos del presente no guardaran relación alguna con sus antecesores mediatos e inmeditaos.  

Los poderes del Estado han dado sobradas evidencias de que nuestra capacidad de gobierno tiene estrechos límites. En las tres funciones republicanas esenciales y a todos los niveles.

Los gobiernos de las comunas, Provincias y Nación se muestran aterrados ante la pandemia.   

Para curar,  educar y comer, el deber de los administradores se mide con la vara de las necesidades insatisfechas de los administrados, que soportan la mala administración de sus escasos recursos.

Está claro que la población está necesitando una gestión a su servicio, (que trabaje en serio) y no encubriendo su abulia, con el escudo de una super estructura amenazante de normas penales que nos paralice en el miedo. Una normativa que de ser aplicada  en serio, con los servicios de seguridad y el justicia que tenemos, a poco, estaremos todos, reclamando a gritos, una amnistía o el indulto caso por caso.

El aislamiento viene con la inmovilización y es hora que empecemos a movernos, para poder trabajar.

Como abogados, si de algo sabemos es de los trucos de la burocracia y de cómo, cuando nos descuidamos, nos domina y nos hace sus esclavos o nos seduce para que el oficio, excuse las amoralidades que nos ponen a prueba.