Ampliamos con fecha 23 de diciembre del 2021, la información adelantada:

FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS

- F.A.C.A. –

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION

PROYECTO DE REFORMA

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley.

ARTICULO 1°:Sustitúyanse los artículos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Título I -Consejo de la Magistratura- de la Ley 24.397 -T.O. por Decreto 816/99- modificada por Ley 26.080 yLey 26.855, por los siguientes:

“Artículo 2°. Composición. El Consejo estará integrado por diecisiete (17) miembros, de acuerdo con la siguiente composición:

1. Cinco (5) jueces del Poder Judicial de la Nación. Un (1) ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elegido por la mayoría de sus integrantes que no podrá ser el presidente de ésta, dos (2) jueces de Cámara y dos (2) Jueces de Primera Instancia elegidos por el sistema D’Hont, debiéndose garantizar su representación igualitaria y la presencia de magistrados con competencia federal del interior de la República.

2. Cuatro(4) representantes del Poder Legislativo (4). A tal efecto, los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos designarán dos representantes abogados de la matrícula federal por cada Cámara, uno por la mayoría y uno por la primera minoría, que no podrán ser legisladores con mandato vigente.

3. Un (1) abogado de la matrícula federal representante del Poder Ejecutivo.

4.Cinco (5) representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por los abogados de la matrícula federalde los cuales cuatro (4) seran elegidos por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) en reunión extraordinaria, tres(3) de ellos por el interior de la Republica y uno (1) por el Colegio de Abogados de la Provincia de Bs.As

Un(1) representante será elegido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en asamblea extraordinaria..

5. Dos (2) abogados de la matrícula federalrepresentantes del ámbito académico y científico profesores titulares regulares de cátedras universitarias de facultades de Derecho Públicas, con reconocida trayectoria y prestigio, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con el voto de dos tercios de sus integrantes

Los miembros del Consejo, en el acto de su incorporación, prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, incapacidad remoción o fallecimiento.

En la integración del consejo y de las comisiones se procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres con excepción de los cargos unipersonales o representaciones impares”

“Artículo 3º.- Duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva.

Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad, o funcionarios del Poder Ejecutivo, abogados y académicoscesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.”

“Artículo 4º.-Requisitos: Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requerirán las condiciones exigidas para ser Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Artículo 7º.- Atribuciones del Plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria, tendrá las siguientes atribuciones:

1º Dictar su reglamento general.

2º Dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye el artículo 114 inc. 6 de la Constitución Nacional y esta ley para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia, sin perjuicio de las facultades reglamentarias de la Corte Suprema de Justicia.

3º Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

4º Designar su vicepresidente.

5º Determinar el número de integrantes de cada comisión y designarlos por mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

6º Designar al administrador general del Poder Judicial de la Nación y al secretario general del Consejo, a propuesta de su presidente, así como a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remoción por mayoría absoluta de sus miembros.

Designar al secretario y los prosecretarios permanentes del Jurado de Enjuiciamiento por el procedimiento previsto para los mismos en el artículo 25.

7º Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados -previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación-, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y designar al miembro del Consejo de la Magistratura que actuará como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ordenar después, en su caso, la suspensión del magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusación del imputado.

Estas decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado, prorrogables por una sola vez por el término de noventa(90) días por decisión fundada del pleno y no serán susceptibles de acción o recurso judicial o administrativo alguno.

8º Dictar las reglas de funcionamiento de la Secretaría General, de la Oficina de Administración Financiera y de los demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.

9º Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición en los términos de la presente ley.

10° Aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados.

11° Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio y establecer el valor de los cursos realizados, como antecedentes para los concursos previstos en el inciso anterior. Planificar los cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para la eficaz prestación del servicio de justicia.

Todo ello en coordinación con la Comisión de Selección y Escuela Judicial.

12° Aplicar las sanciones disciplinarias a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina. Las decisiones deberán adoptarse con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. La Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

La decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor de un año contado desde el momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse resuelto el expediente por la comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración.

13° Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Jurado o por falta de resolución dentro del plazo constitucional.

Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de finalización del enjuiciamiento, o del término del plazo previsto en el artículo 115 tercer párrafo de la Constitución Nacional.

14° Remover a sus miembros de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el procedimiento de su remoción.”

“Artículo 8°.- Reuniones. Publicidad. El Consejo de la Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas en la forma y con la regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho de sus miembros.

Todos los expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, debiéndose formar una copia íntegra y actualizada de los mismos a los efectos de su consulta por los interesados”.

“Artículo 9°.- Quórum y mayorías: El quórum para sesionar será de doce (12) miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo cuando por esta ley se requieran mayorías especiales.”

“Artículo 10°.- Presidencia: El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que designe ésta según lo previsto en el art. 2.1. presidirá el Consejo con los mismos derechos y responsabilidades que los demás miembros, y en caso de empate en una votación, su voto se computará doble. Mantendrá el cargo y ejercerá sus funciones mientras desempeñe ese ministerio.”   

“Artículo 11°.- Vicepresidencia: El Consejo de la Magistratura elegirá entre sus miembros un vicepresidente que ejercerá las funciones ejecutivas que establezcan los reglamentos internos y sustituirá al presidente en caso de ausencia o impedimento”.

“Artículo 12°.- Comisiones: El Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro (4) comisiones:

a) de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

b) de Disciplina y Acusación.

c) de Reglamentación.

d) de Administración y Financiera.

El plenario decidirá la integración de las Comisiones respetando el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, de forma tal que la sola voluntad de los representantes de uno solo de esos estratos no sea suficiente para obstaculizar o tomar las decisiones de las comisiones

Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación estarán integradas además, por un representante del Ámbito Académico y Científico.

Las reuniones de las comisiones serán públicas. Cada comisión elegirá entre sus miembros un presidente que durará dos años en sus funciones el que podrá ser reelegido en una oportunidad  y fijará sus días de labor”.

“Artículo 13°.- Comisión de Selección y Escuela Judicial: Es de su competencia llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designar jurados, evaluar los antecedentes de los aspirantes, confeccionar las propuestas en ternas elevándolas al plenario del Consejo y ejercer las demás funciones que le establecen esta ley y el reglamento que se dicte en su consecuencia.

Asimismo, será la encargada de dirigir la Escuela Judicial a fin de atender a la formación y perfeccionamiento de los postulantes que aspiren a la designación o promoción en cargos en la magistratura.

La concurrencia y aprobación de los cursos de la Escuela Judicial no será obligatoria para aspirar o ser promovido a un cargo en la magistratura, aunque podrá ser evaluada a tales fines.

A) Del concurso:

La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe el plenario del Consejo por mayoría de sus miembros y se ajustará a las siguientes directivas:

1.) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes y oposición. Cuando se produzca una vacante, la Comisión convocará a concurso dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que tomará y calificará las pruebas de oposición de los aspirantes. Dicho concurso estará destinado a cubrir todas las vacancias que se produzcan durante la sustanciación del concurso y hasta la decisión del plenario, siempre que se trate de la misma competencia territorial, materia y grado.

2.) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación de los antecedentes que serán computables y de calificación de los exámenes.

En cada concurso, según las necesidades y particularidades del cargo a cubrir, se establecerá el puntaje mínimo necesario a obtener por los postulantes según los antecedentes que serán previamente evaluados por la Comisión de Selección, para posibilitar el paso a la instancia de examen.

3.) Las bases de la prueba de oposición serán las mismas para todos los postulantes. La prueba de oposición escrita deberá versar sobre temas directamente vinculados a la función que se pretenda cubrir y evaluará tanto la formación teórica como la práctica.

B) Requisitos:

Para ser postulante se requerirá ser argentino nativo o naturalizado, poseer título de abogado, con treinta años de edad y ocho de ejercicio de la profesión como mínimo si se aspira a juez de Cámara, o veintiocho años de edad y seis años en el ejercicio de la profesión como mínimo, si se aspira a ser juez de primera instancia.

La nómina de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto de la idoneidad de los candidatos.

C) Procedimiento:

1.) El Consejo -a propuesta de la Comisión de Selección- elaborará anualmente listas de jurados para cada especialidad. Dichas listas deberán estar integradas por jueces, abogados de la matrícula federal y profesores regulares, titulares, asociados y adjuntos de derecho de las universidades nacionales públicas o privadas con reconocimiento estatal que cumplieren con los mismos requisitos que para ser miembro del Consejo.

2.)  Al llamar a Concurso sorteará tres miembros titulares e igual cantidad de suplentes de las listas que a tal efecto y a requerimiento del Consejo, elaboren y remitan las distintas asociaciones de magistrados y colegios de abogados y facultades de derecho del país de modo que cada jurado quede integrado por un juez, un abogado y un profesor de derecho, cuyo domicilio real o laboral no pertenezca a la jurisdicción en la que se deba cubrir la vacante. Los miembros del Consejo no podrán ser jurados.

3.) El Jurado tomará el examen y calificará las pruebas de oposición de los postulantes elevando las notas a la Comisión, que los promediará con el puntaje obtenido por cada uno según los antecedentes de cada postulante obrantes en la sede del Consejo. De todo ello se correrá vista a los postulantes, quienes podrán formular impugnaciones dentro de los cinco días, debiendo la Comisión expedirse en un plazo de treinta días hábiles.

4.) Las impugnaciones deberán ser consideradas por el plenario del Consejo, juntamente con el informe que emitirá la Comisión de Selección al momento de expedirse sobre la terna respectiva.

En este informe hará saber su opinión sobre las impugnaciones efectuadas; el resultado de los antecedentes y de las pruebas de oposición con las respectivas calificaciones de los postulantes y sus promedios. En base de ello determinará la terna y el orden de prelación que será elevado al plenario junto con la nómina de postulantes que participarán de la entrevista personal.

5.) La entrevista ante el plenario será pública y tendrá por objeto evaluar su idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática.

6.) El plenario podrá revisar de oficio las calificaciones de los antecedentes y exámenes escritos, impugnaciones y dictámenes por acto fundado. Adoptará sus decisiones que serán irrecurribles, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

7.) La duración total del procedimiento no podrá exceder de noventa días hábiles contados a partir de la prueba de oposición. El plazo solo podrá prorrogarse por treinta días hábiles más, mediante resolución fundada del plenariocon la mayoría indicada en el inciso anterior, en caso de que existieren impugnaciones.

D)Preselección:

El Consejo podrá reglamentar la preselección de los postulantes a jueces a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse a los concursos que se convoquen con motivo de cada vacante.

E)Publicidad:

Las convocatorias y la nómina de los postulantes presentados en cada una, serán publicadas por tres días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación nacional referenciándose sucintamente los datos que se pretenden informar, individualizando los sitios en donde puede consultarse la información in extenso, sin perjuicio de las comunicaciones que se efectuarán a los Colegios de Abogados y asociaciones de magistrados. El Consejo mantendrá actualizada la información referente a las convocatorias y facilitará el acceso a formularios para la inscripción de los postulantes en la página web que deberá tener a tal fin, de modo de posibilitar a todos los aspirantes de la República conocer y acceder a la información con antelación suficiente”.

“Artículo 14°.- Comisión de Disciplina y Acusación:

Es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como así también proponer la acusación de estos a los efectos de su remoción.

A) Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un treinta por ciento de sus haberes. Constituyen faltas disciplinarias:

1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial;

2. Las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados;

3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes;

4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo;

5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias;

6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atención al público;

7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.

B) Ejercicio de la potestad disciplinaria. El Consejo podrá proceder de oficio o ante denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo. Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias.

C) Recursos: Las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistratura serán apelables en sede judicial por ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dentro de los cinco (5)días siguientes al de la notificación de la resolución, en escrito fundado ofreciéndose la prueba y acompañando la documental del recurrente.El Consejo, previo análisis de su admisibilidad concederá o no el recurso y en su caso, lo elevará dentro de los cinco (5)días siguientes a la citada Cámara, que deberá resolverlo dentro del plazo máximo de treinta (30) días.

D) Acusación. Cuando sean los tribunales superiores los que advirtieran la presunta comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho aplicable por parte de jueces inferiores, remitirán en forma inmediata la denuncia o una información sumaria al Consejo de la Magistratura, a los fines contemplados en el artículo 114, inciso 5 de la Constitución Nacional.

El Consejo de la Magistratura deberá comunicar en forma inmediata al Poder Ejecutivo la decisión de abrir un proceso de remoción contra un magistrado."

ARTICULO 2°: Sustitúyanse los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Título II -Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados- de la Ley 24.397 -T.O. por Decreto 816/99- modificada por Ley 26.080 por los siguientes:

“Articulo 21°.- Competencia y carácter: El Juzgamiento de los Jueces de los Tribunales Inferiores de la Nación estará a cargo de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados según lo prescripto por el artículo 115 de la Constitución Nacional, que se constituirá en cada caso, según la integración y el mecanismo previstos en los artículos siguientes”

“Articulo 22°.- Integración. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por nueve (9) miembros de acuerdo a la siguiente composición:

1. Tres (3) jueces que serán: un (1) ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elegido por la mayoría de sus integrantes, en carácter de presidente y dos (2) jueces de cámara federales uno (1) por los del interior y otro por los de la Capital. A tal efecto confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas del interior y otra con los de la Capital Federal

2. Tres (3) legisladores abogados: dos (2)senadores nacionales, uno por la mayoría y otro por la primera minoría y un (1)diputado nacional.

3. Tres (3) abogados de la matrícula federal en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, debiendo dos (2) de ellos pertenecer a la matrícula federal del interior del país.

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.

Anualmente se formarán las listas respectivas. A tales efectos la Corte formará las listas de todos los camaristas del interior y de todos los camaristas de la Capital Federal; la Cámara de Senadores las listas de todos los senadores abogados de la mayoría y de la primera minoría y la Cámara de Diputados la lista de todos los diputados abogados. La Federación Argentina de Colegios de Abogados formará una lista de cien (100) abogados propuestos por los respectivos colegios federados en condiciones de votar, en proporción a la cantidad de matriculados de cada uno.

En la formación de las listas e integración del Jurado se procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres”

“Artículo 23.- Sorteo y duración de los integrantes de cada Jurado. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se constituirá y actuará en cada caso que el Consejo de la Magistratura decida abrir un proceso de acusación contra un magistrado comunicándolo a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

Durarán en sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos de los magistrados para los que hayan sido nombrados a integrar el Jurado.

Los miembros elegidos por su calidad institucional de jueces, legisladores o abogados inscriptos en la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.”

“Artículo 24.- Remoción. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.”

“Artículo 25.- Disposiciones generales. 1.- Secretaría permanente: El Consejo de la Magistratura designará los miembros de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento mediante concurso público de antecedentes y oposición según las bases y condiciones que establezca. Funcionará en una sede independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y estará integrada por un secretario permanente que deberá reunir los mismos requisitos que para ser Camarista y tres prosecretarios permanentes que deberán reunir los mismos requisitos que para ser Juez, durando todos cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1.- Recibir la comunicación de la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y las acusaciones formuladas por el plenario del Consejo de la Magistratura y cumplir las diligencias previas necesarias para la constitución del Jurado de Enjuiciamiento.

2.- Solicitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y de la Federación

Argentina de Colegios de Abogados, la realización del sorteo por acto público de los respectivos representantes titulares y suplentes que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento.

3.- Formar los expedientes en cada caso, asignándoles número identificatorio y caratulándolos con el apellido y nombre de los Magistrados acusados y los cargos que ocupan.

4.- Correr traslado de las acusaciones a los imputados.

5.- Dirigir la producción de la prueba.

6.- Efectuar las notificaciones a cargo del Jurado.

7.- Desempeñarse como actuario en todo el trámite del proceso velando por la custodia de las actuaciones.

8.- Asistir a todas las audiencias.

9.- Responder los pedidos de informes efectuados por los poderes públicos.

10.- Certificar todas las resoluciones emitidas por el Jurado o su Presidente.

11.- Instrumentar la publicación de todos los fallos del Jurado de Enjuiciamiento.

2.- Causales de remoción: Se considerarán causales de remoción de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, el mal desempeño, la comisión de delito doloso con motivo del ejercicio de sus funciones o los crímenes comunes.

Entre otras causales, se considerarán faltas graves constitutivas de mal desempeño:

1. El incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo.

2. La incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio del cargo.

3. El vencimiento en exceso y reiterado de los términos legales fijados para las decisiones respectivas.

4. La aceptación del nombramiento como árbitro o amigable componedor, salvo que fuese parte la Nación o una Provincia.

5. Contraer obligaciones civiles o comerciales con los litigantes o profesionales que actúen en su Juzgado o Tribunal.

6. El ejercicio el comercio o industria en forma habitual.

7. Desempeñar otra función pública no encomendada por ley, excepto la docencia.

8. La realización de actos de parcialidad manifiesta.

9. Concursarse preventivamente o ser declarado en quiebra.

10. La comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido.

11. La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad propias del cargo.

12. El juego por dinero con frecuencia.

13. El abandono de sus funciones.

14. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.

15. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. En este caso, no se producirá la pérdida de beneficios previsionales establecida en el artículo 29 de la Ley 24.018.

16. Conductas publicas inmorales o indecorosas para el cargo.

17. Las que determinen otras leyes.

En ningún caso el contenido de los pronunciamientos jurisdiccionales de los magistrados podrá constituir causal de mal desempeño salvo que demuestre la presencia de un patrón de conducta de desconocimiento o violación del derecho vigente.”

“Artículo 26°.-  Procedimiento. Sustanciación. El procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será oral y público y deberá asegurar el derecho de defensa del acusado. El fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo.

1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser recusados por las causales previstas en el artículo 55 del Código Procesal Penal. La recusación será resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la mayoría de sus miembros y será irrecurrible.

2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura de acuerdo al dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, de la que se le correrá traslado al magistrado acusado por el término de diez (10) días.

3. Contestado el traslado se abrirá la causa a prueba por el término de treinta (30) días, plazo que podrá ser prorrogado por disposición de la mayoría del jurado, ante petición expresa y fundada.

4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código Procesal Penal de la Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas —por resoluciones fundadas— aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias.

5. Todas las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario.

6. Concluida la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su representante, producirán en forma oral el informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que no podrá exceder de treinta días. En primer lugar lo hará el represente del Consejo de la Magistratura e inmediatamente después lo hará el acusado o su representante.

7. Producidos ambos informes finales, el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para deliberar debiendo resolver en un plazo no superior a veinte (20) días.

8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los reglamentos que se dicten.”

ARTICULO 3°: Sustitúyanse los artículos 28 y 29 del Título III –Disposiciones transitorias y complementarias - de la Ley 24.397 -T.O. por Decreto 816/99- modificada por Ley 26.080 por los siguientes:

“Artículo 28°.- Desempeño.Incompatibilidades. Licencias. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento desempeñarán sus cargos con dedicación exclusiva, a cuyos efectos los representantes del Poder Ejecutivo-en su caso- y de los jueces, deberán solicitar licencia en sus respectivos cargos.

El carácter de miembro de esos órganos será incompatible con el ejercicio del cargo en virtud del cual fueron electos los representantes con excepción del representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados -y los representantes de ámbito académico y científico, en su caso- deberán suspender su inscripción en la matrícula federal por el tiempo que dure el desempeño de sus cargos. Estarán sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen para los jueces mientras dure su desempeño en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento.

Los representantes de los jueces, abogados de la matrícula federal y ámbitos académicos y científicos no deberán haber ocupado cargos directivos electivos en las asociaciones, colegios o entidades respectivas en los cuatro (4) años inmediatamente anteriores.

No podrán ejercerse simultáneamente los cargos de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.”

“Articulo  29°.- Carácter de los servicios. El desempeño de los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será honorario.Los abogados de la matrícula federal representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, del ámbito académico o científico y de los abogados de la matrícula federal percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal mientras duren sus funciones.Los magistrados representantes de los jueces seguirán percibiendo la remuneración que corresponda a su cargo salvo que esta fuese inferior a la correspondiente a los consejeros, en cuyo caso percibirán la diferencia hasta equipararla a ésta”

ARTICULO 4:Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

I. Consideraciones generales:

1.1 La reforma constitucional de 1.994:

La reforma a la constitución nacional de 1.994 receptando la experiencia continental europea y los reclamos de las entidades interesadas en el funcionamiento de la justicia expresando el sentir general del pueblo trató de limitar las anteriores facultades exclusivas de los Poderes Políticos en la designación y remoción de magistradosadoptandosistemas  menos politizados

Para ello resolvió la creación de dos nuevos órganos técnicos e independientes anteriormente no conocidos en el esquema norteamericano en que se basó la ConstituciónNacional de 1854-1869, a los que colocódentro de la órbita del Poder Judicialpara intervenir en esos dos momentos cruciales para el adecuado y eficaz funcionamientode la justicia.

En lo que hace a la designación de los jueces inferiores, sin perjuicio de mantener el esquema constitucional inspirado en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, para los integrantes de la Corte Suprema y la justicia federal, basado en su nombramiento por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (art. 99 inc.4 de la Constitución Nacional), limitó las anteriores facultades discrecionales del primero, confiriendo al Consejo de la Magistratura (art. 114 CN) las trascendentes funciones de previa selección por idoneidad de los postulantes a un cargo de la magistratura, mediante concurso público, formando una terna vinculante dela cual el Poder Ejecutivo deberá elegir uno para su nombramiento previa solicitud del acuerdo senatorial.

Para estas designaciones se supeditó la propuesta del Poder Ejecutivo a la previa selección de los candidatos según idoneidad respetando la exigencia del art. 16 de la Constitución Nacional mediante un sistema concursal público de los postulantes a las magistraturas inferiores y la formulación de una propuesta en terna vinculante al primero tarea que encomendóal Consejo de la Magistraturade inspiración europea, al que añadióotros cometidos como el ejercicio de tareas deadministración del Poder Judicial -reservando para este último el desempeño de las funciones jurisdiccionales que le son propias-, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados y la decisión de la apertura de procedimiento de remoción de magistrados mediante la formulación de la pertinente acusación.

Todo ello con el expreso propósito, reiterado en los arts. 99 inc.4 segundo párrafo y 114 de la Constitución Nacional, de asegurar la garantía constitucional de la idoneidad de los postulantes, de forma tal que estos sean considerados y propuestos exclusivamente por sus cualidades y condiciones personales y profesionales, sobre bases objetivas y predeterminadas en concursos públicos y no por la decisión subjetiva y discrecional de los órganos políticos que los elijan, reforzando de tal forma la independencia de la justicia.

A los efectos de posibilitar la participación de todos los sectores interesados en ese nuevo organismo y la alternancia en los cargos respectivos se estableció que este Consejo será integrado periódicamente, de modo que “se procure el equilibrio” entre los tres estratos o sectores interesados: la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, y de los abogados de la matrícula federal. Se prevétambién la integración complementaria de un cuarto estrato con otras personalidades del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley especial regulatoria del mismo, que deberá ser sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Por su parte con respecto a la remoción de dichos magistrados, sin perjuicio de mantener las mismas causales de mal desempeño y el procedimiento del juicio político para los funcionariosPolíticos y los miembros de la CSJN (art. 53 de la Constitución Nacional), siguiendo la experiencia del derecho público provincial y de otras constituciones extranjeras, se confirió su juzgamiento a un Jurado técnico (o Jury) de enjuiciamiento en fallo irrecurrible que no tendrá más efectos que destituir al acusado. En cuanto a su integración se mantuvo también en este caso la integración tripartita de los tres sectores o estratos interesados: los Poderes Políticos, en este caso limitado a los legisladores; los magistrados y los abogados de la matrícula federal. Dejando asimismo reservada a la regulación legislativa, la forma de integración y el procedimiento del jurado (nuevo artículo 115 de la CN)

2.-Un cambio sustancial:

El cambio introducido por la reforma constitucional de 1994 que los sectores políticos resultantes de la elección popular se han resistido a entender y aceptar ha sido sustancial, en tanto se pasó de un sistema de designación o nombramiento de los magistrados inferiores por elecciónabsolutamente discrecional por parte de los Poderes Políticos (Ejecutivo y Legislativo) a otro de selección por idoneidad en concursos públicos a cargo del Consejo de la Magistratura, y de un sistema de remoción por Juzgamiento político a cargo del Poder Legislativo (por acusación de la Cámara de Diputados y Juzgamiento por la Senadores), a otro de juzgamiento a cargo del Jurado o Jury de Enjuiciamiento.

Ambos órganossi bien fueron constitucionalmente emplazados dentro del Poder Judicial (segunda parte: Autoridades de la Nación-, Título primero -Gobierno Federal-, Sección tercera -del Poder Judicial-, Capítulo Primero -De su naturaleza y duración-) tienen independencia funcional, jerárquica y presupuestaria respecto del mismo, al igual que de los otros dos poderes.

La clave del sistema radica sin duda en el correcto entendimiento de la trascendencia de ese cambio que indica que si bien los poderes políticos(Ejecutivo y Legislativo) y el poder judicial no fueron excluidos de la integración de estos dos nuevos órganos independientes a los que se asignó esas funciones, participan en estos en forma periódica y equilibrada junto con un tercer sector o estamento interesado: los abogados de la matrícula federal. Todo ello sin perjuicio de la participación complementaria en el Consejo de la Magistratura -aunque como se vio sin formar parte de ese equilibrio tripartito ni alterarlo- de representantes de los ámbitos académicos y científicos.

Conforme surge de los debates de la convención constituyente se trató de establecer un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de sus finalidades y el pluralismo en su conformación, evitando no solo la preponderancia de los órganos políticos, sino también el de los otros sectores como el judicial mediante decisiones cooptativas o corporativas.

Periodicidad y equilibrio que si bien no están expresamente consagrados en el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el artículo 115 de la Constitución Nacional -como lo hace el artículo 114 para el Consejo de la Magistratura-, deben considerarse también comprendidos en la conformación de este órgano. Ello así por cuanto de la sola referencia a su exclusiva integración con los tres sectores o estamentos antes indicados y de los debates de la convención constituyente se desprende que se pretendió conferir a todos ellos el mismo peso e importancia.

3- Expresiones trascendentes de la reforma constitucional orientadoras de la integración del Consejo:

La reforma constitucional si bien no estableció la cantidad de miembros de estos nuevos órganos ni su forma de integración y duración, que dejó libradas a la reglamentación legal del Congreso, se preocupó de fijar las pautas bajo las cuales debería efectuarse esa regulación.

Por ello cobra particular gravitancia interpretar el correcto sentido que corresponde conferir a ciertas expresiones orientadoras y trascendentes utilizadas en las normas constitucionales reguladas, en especial en el articulo 114 que permitirán comprender el marco y la forma en que dicha ley regulatoria deberá resolver la conformación y funcionamiento de estos nuevos órganos.

Así mediante la expresión “integrado periódicamente”, se ha pretendido que la participación en dichos órganos no sea permanente sino que tenga un tiempo determinado de duración, ratificando el principio republicano de la alternancia en los cargos públicos.

Por su parte la referencia a que dicha integración se debe hacer  “procurando el equilibrio” si bien no permite asegurar una igualdad estrictamente numérica, las acepciones lexicográficas y etimológicas de  ambas palabras permite entender los objetivos pretendidos En efecto con el término “procurando”, del latín “pro” (para, o en nombre de), y “curare” (ocuparse de, cuidar) y el de equilibrio del latín “aequs” (igual) y “librium” (peso), se está pretendiendo que los tres sectores o estratos representados tengan igual peso a la hora de la toma de las decisiones por el órgano considerando que éste las debe adoptar respetando un régimen de mayorías sin que uno pueda prevalecer sobre otro y menos aun sobre los otros dos juntos.

Ello en balanceada y proporcional integración, de modo que ninguno por sí solo tenga o pueda tener prevalencia sobre los otros dos estratos en la toma de decisiones. De tal forma dicho equilibro sustancial y no meramente formal constituye un objetivo que como premisa básica deberá ser siempre ser respetado en la regulación legal que siempre deberá buscarlo.

La exigencia de que el nombramiento se efectué previa “selección” de la terna mediante “concursos públicos” está indicando la necesidad de que todos los postulantes a ese cargo concurran en oposición compitiendo entre sí bajo determinadas condiciones objetivas y predeterminadas, para la elección del mejor según su idoneidad.

4.-Las distintas normativas regulatorias:

Con singular atraso con respecto al plazo previsto por la cláusula transitoria 13 de la reforma constitucional de 1994(que era detrescientos sesenta días desde la publicación de la citada reforma), se sancionó la Ley 24.937 con fecha 10 de diciembre de 1997 promulgada el 30 de diciembre de1997,regulando el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, norma que fuera inmediatamente modificada por la llamada “Ley correctiva” 24.939 del 18 de diciembre del mismo añoy promulgada el 2 de enero de 1998, producto de  una negociación legislativa que demostró desde el inicio la presencia de dificultades políticas para poder dar acabado cumplimiento a la clara manda constitucional de los arts. 114 y 115 de la citada reforma constitucional.

Esa normativa -TO según Decreto 816/99 -, y con la sola modificación del art. 13 relacionado con la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, según lo establecido por la Ley 25.669 sancionada el 23 de octubre de 2002 y promulgada el 18 de noviembre de 2002 rigióhasta que el 22 de febrero de 2006  en que poco después de las elecciones legislativas de octubre de 2005  confirieran mayoría legislativa al entonces oficialismo.Luego se sancionó la Ley 26.080 promulgada el 22 de febrero de 2006, introduciendo sustanciales modificaciones a ese régimen  vigente que desnaturalizaron ese necesario equilibrio politizando nuevamente el sistema.

Finalmente  el 8 de mayo de 2013 se sancionó la ley 26.855, que fuera promulgada el 24 de mayo de 2013,llamada de “Democratizaciónde la justicia” que  intentara profundizar la politización del ya politizado régimen de la ley 26.080, llevando a la actual situación

5.- Los cuestionamientos generados por la las leyes 26.080 y 26.855.

1.-La Justicia Nacional necesita imperiosamente recuperar la credibilidad, confiabilidad y prestigio que ha perdido en los últimos años llegando según algunas encuestas a porcentajesmínimos e inaceptables por debajo del veinte por ciento, lo cual torna insostenible cualquier régimen judicial en un sistema republicano de gobierno. Con ello se logrará además no solo su mejora sino la elevación de los reducidos niveles de previsibilidad y seguridad jurídica de nuestro país que dificultan cualquier intento de inserción en un mundo globalizado.

Diversos factores han influido para la configuración de la actual situación de la Justicia Nacional entre los que cobran particular gravitancialas dos últimas reformas introducidasa la reglamentación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento previsto por la Ley 24.937 (1.997 T.O Dec. 816/99) por las citadas leyes 26.080y 26.855que inexplicablemente se mantienen aun vigentes.

Si bien desde los sectores o estratos profesionales se consideró que la primera Ley 24.937-y su correctiva- no respetaban adecuadamente la manda constitucional de la integración equilibrada del Consejo de la Magistratura lo cierto es queha existido consenso en que ese régimen legal, posibilitó no obstante un adecuado y razonable funcionamiento de dicho órgano durante sus 8 años de vigencia, con resultados altamente positivos.

2.-La Ley 26.080(2006) al reformar ese sistema otorgandopreponderancia y peso decisorio en la integración y funcionamiento deesos nuevos órganosa los Poderes Políticosy posibilitando que también la pueda tener el oficialismo -como lo demostrara la práctica de su funcionamiento-ha desnaturalizado la esencia y el espíritude la reforma constitucional de 1994 que con el expreso propósito de asegurar la absoluta independencia del Poder Judicial y con ello su jerarquización, tuvo como objetivo fundamentalsustituir un sistema de elección discrecional por otro de selecciónpor idoneidad colocando las facultades de selección y remoción de los magistrados judiciales bajo un ámbitotécnicofuera de la órbita y del dominio de los Poderes Políticos.

Por el contrario la citada ley con la exclusiva finalidad de recuperar esa preponderancia políticaalteró sustancialmente el marco legal regulatorio de ambos institutos establecido por la Ley 24.937-y correctiva 24.939T.O. Dec. 816/99-, volviendo a politizar el sistema de designación y remoción de los jueces, al desequilibrar notoriamente la integración de ambos órganosa favor de los sectores o estratospolíticos, otorgándolesuna participación preponderante y notoriamente de mayor peso que los otros dos sectores o estamentosprofesionales de jueces y abogados, cuestión que precisamente la reforma constitucional de 1994  expresa y filosóficamente pretendió evitar, colocando a dicha ley en intolerable contradicción con la misma.

Varios profesionales y entidades profesionales promovieron acciones judiciales solicitando la declaraciónde inconstitucionalidad de dicha ley que con el pretexto de reducir la cantidad de veinte a trece miembros, alteró sustancialmente dicho equilibrio, entre ellas la Federación Argentina de Colegios de Abogados ( F.A.C.A.) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.-

Fue así que por sentencia de fecha 19 de noviembre de 2015 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala II en los autos caratulados “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. / P.E.N. - ley 26.060 - dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” ha declarado la inconstitucionalidaddel art. 1 de la Ley Nº 26.080 que sustituyera el art. 2 de la Ley 24.837 con relación a la integración de dicho órgano.

Lo cierto es que esta sentencia que fuera oportunamente recurrida por Recurso Extraordinario Federal porlosPoderes Ejecutivo y Legislativo Nacional, en caso de quedar confirmada mediante el sencillo trámite de desistir de dicho recurso importaríarestablecer la vigencia del art. 1 de la Ley Nº 24.937 solucionando buena parte del problema.- Ello no ofrece duda alguna, en tanto ha sido expresamente aclarado en la sentencia antes mencionada, en donde se ha dicho:

“respecto  de  aquellos  puntos  regidos  por  el  precepto  declarado  inconstitucional  einaplicable, se deja específicamente establecido que, a partir del momento en que elpresente pronunciamiento quede consentido o ejecutoriado, recobrará vigencia el régimenanterior previsto en la ley 24.937 y su correctiva -ley 24.939- debiendo en consecuencia,adoptarse a partir de dicha data, las medidas tendientes a completar la integración –conajuste a la previsiones contenidas en estas normas- hasta finalizar el mandato vigente segúnla última renovación de integrantes llevada a cabo, siempre y cuando no sea sancionado unnuevo  régimen  legal  con  arreglo  a  las  pautas  consagradas  en  el  artículo  114  de  laConstitución Nacional”.-

Cabe observar que no obstante ello el Jurado de Enjuiciamiento quedaría conformado de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 26.080, toda vez que el planteo de inconstitucionalidad no fue acogido respecto de esta norma.

Cabe señalar que desde la sanción de la ley 26.080 la FACA ha mantenido siempre una firme postura denunciando la inconstitucionalidad de la composición del consejo establecido por esta nueva normativa, promoviendo incluso una acción de inconstitucionalidad en autos caratulados  "FEDERACION DE ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS C/ EN-LEY 26080 SENADO Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO" actualmente en la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala IV -CAF 020055/2006-

Consecuente con ello en reunión de Junta de Gobierno realizada en Esquel el 20 de abril  de 2010, se aprobó un primer proyecto de reforma de la ley del Consejo, proponiendo siempre la misma conformación equilibrada que exige el art. 114 de la C.N. En el año 2018 en reuniones de Junta de Gobierno celebradas en Puerto Madryn y en General Roca se volvió a aprobar un proyecto similar con algunas modificaciones pero manteniendo siempre la integración equilibrada del Consejo de 17 miembros.

2.-La situación se agravó con la sanción de la Ley 26.855 del 8 de mayo de 2013(promulgada el 24 de mayo de 2013 y publicada el 27 de mayo de 2013),de “Democratización de la justicia”, en la cual el mismo gobierno que introdujo la anterior reforma consideró necesario avanzar aún mas sobre las precisiones del art. 114 de la CN proponiendo lisa y llanamente la directa politización del sistema de designación y remoción de magistrados por elecciónde los representantes de los diferentes estratos representados en forma conjunta y simultánea con las elecciones en las que se elija presidente y el exorbitante incremento del número de representantes del ámbito académico y científico, marchando esta vez más claramente aún a contramano de la citada reforma constitucional.

En efecto, se amplió nuevamente la integración del Consejo de la Magistratura volviendo a su composición de diecinueve (19) miembros designados de la siguiente forma:

• 3 jueces (electos en elección general);

• 3 abogados (electos en elección general);

• 6 académicos (electos en elección general);

• 6 legisladores (electos por la respectiva Cámara);

• 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional;

Por su parte se dispuso la integración del Jurado de Enjuiciamiento con siete (7) miembros, a saber:

• 2 jueces;

• 4 legisladores;

• 1 abogado;

Estableciendo el procedimiento de elección por sorteo semestral público de todos los miembros.

La CSJN en el sentencia del 18 de junio de 2013, en autos:“Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c. Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar s/ acción de amparo”, declaró la inconstitucionalidad de varias de las disposiciones de dicha Ley 26.855 que alteraban la conformación y elección del consejo según el art. 14 de la CN.

La principal argumentación de la CSJN para declarar inconstitucional la normativa de esta ley, puede resumirse en los siguientes puntos: a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario; b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos; c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria; y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral.-

6.-La situación actual

No obstante, esta última sentencia de la CSJN no ha impedido que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento modifiquen su perfil esencialmente político, definido según lo dispuesto por la Ley Nº 26.080-cuya vigencia se mantiene-, por lo que su régimen actual es el establecido en dicha norma legal, en tanto la mayor parte de las reformas introducidas por la Ley Nº 26.855, han sido –como se vio-declaradas inconstitucionales por la CSJN en ese pronunciamiento.

El sistema actual no solo que no responde al principio de la representación en términos de verdadera racionalidad, puesto que el azar que refleja el procedimiento del sorteo no cumple ninguna regla participativa, sino que además se encuentra censurado por una continua inestabilidad, que no ofrece adecuadas garantías a los magistrados enjuiciables, ni a los enjuiciados y mucho menos a los justiciables.

7.-Objetivos de la reforma propuesta

A la luz de los antecedentes expuestos se formula esta propuesta de reforma que alcanza al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, con el fin de dar real cumplimiento a los objetivos esenciales de la reforma constitucional plasmados en la el Pacto de Olivos y en el Núcleo de Coincidencias Básicas que fueran volcados en la Ley de convocatoria a la convención constituyente de  1994. Estos pretendieron expresamente la despolitización del sistema de designación de designación y remoción de magistrados y asegurar la plena independencia del Poder Judicial, como así también receptar lo resuelto en los citados pronunciamientos judiciales que con el mismo objetivo han hecho especial hincapié en la necesidad de respetar el equilibrio que el art. 114 establece en relación a la composición del Consejo de la Magistratura, reforzando al mismo tiempo las garantías de imparcialidad e independencia que son indispensables condiciones de funcionamiento del Poder Judicial. En suma no pueden caber dudas que, como lo han señalado los tribunales que han emitido las sentencias ut supra citadas, la conformación del órgano encargado de la selección y del órgano competente para enjuiciar magistrados, es una precondición imprescindible que puede garantizar y ampliar la independencia del Poder Judicial o que contrariamente puede ser utilizado como un eficaz instrumento de cooptación, colonización y sometimiento del mismo.

Desde este punto de vista, no puede soslayarse que la conformación establecida por las Leyes Nº 24.937 y 24.939, resultaba más ajustada al procurado equilibrio participativo en la integración de esos órganos entre los estamentos comprendidos, en tanto no daba prevalencia al estamento surgido de los órganos políticos resultantes de la elección popular, considerando que precisamente esa politización en la designación y remoción de magistrados fue precisamente como se vio lo que la reforma constitucional de 1994 quiso evitar.

De igual manera, esta Ley respetaba el principio de elección indirecta y especial que es tajantemente la única interpretación que se conforma a la letra y a la télesis del art. 114 de la CN, en cuanto que los estamentos de los abogados, los jueces y los académicos son quienes deben elegir a sus representantes o, dicho de otra forma, los representantes electos representan a tales estamentos y por ende no pueden sino surgir de su seno como bien lo resolviera la CSJN en el fallo Rizzo.

De esta manera proponemos una integración que respeta esencialmente el equilibrio entre los 3 estamentos a los que se refiere el art. 114 de la CN,sin perjuicio de su integración con otras personas del ámbito académico y científico, volviendo a incorporar la representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como lo hacía la Ley 24.937 en vista de las razones antes expuestas y la competencia de administración del presupuesto del Poder Judicial de la Nación que ejerce este órgano constitucional. Se entiende que la misma independencia del Poder Judicial que supuestamente el Consejo de la Magistratura debe contribuir a fortalecer y garantizar, se vería afectada de excluirse a la Corte Suprema de su seno, subordinándola a una dependencia presupuestaria del Consejo, sin siquiera concederle oportunidad para opinar y emitir un voto sobre las decisiones que directamente afectarán al Poder que indiscutiblemente encabeza, extremo que no ha modificado la reforma constitucional de 1994.-

El presente proyecto recogiendo tanto el citado pronunciamiento de la CSJN que no ha comprendido todo el articulado de la Ley 26.855, como así también otros pronunciamientos de tribunales de inferior jerarquía y la opinión generalizada de los jueces y abogados en torno a la actual conformación del Consejo de la Magistratura, pretende dar una solución definitiva al Consejo de la Magistratura cuyo actual funcionamiento ha suscitado críticas de público conocimiento, recuperando el equilibrio perdido en su integración entre todos los sectores o estamentos que deben integrarlo, que constituye la piedra angular de la creación de estos nuevos órganos adecuando su regulación legal a citadas previsiones constitucionales dando respuesta a los cuestionamientos efectuados.

El proyecto incorpora también como novedad la creación de las Secretarías permanentes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que principalmente procuran brindar celeridad y continuidad a las funciones encomendadas a estos órganos, que actualmente exhiben una preocupante mora, repercutiendo ello en la existencia de numerosas vacantes no cubiertas por concursos retrasados en su desarrollo y causas de enjuiciamiento igualmente diferidas en su resolución. Para abordar estos problemas estructurales que acarrean como consecuencia el mismo deterioro de las principales competencias constitucionales asignadas a estos órganos y que han justificado su incorporación en la reforma constitucional de 1994 se propone la creación de dos órganos permanentes con funciones meramente ejecutivas, tendientes a mantener un regular funcionamiento, dejando bajo la decisión exclusiva de los consejeros y los jurados las cuestiones trascedentes vinculadas al núcleo competencial atribuido.-

Por otra parte se propone restablecer el sistema de selección de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento establecido por la Ley Nº 24.937, en cuanto que los estamentos eran también electos por sus pares y el órgano así integrado tenía carácter permanente, durando el mismo tiempo que los consejeros del Consejo de la Magistratura.-

Aprobado por la Junta de Gobierno de la FACA en reunión del 1-X-2020