No es sólo política: la parálisis del Consejo de la Magistratura nos perjudica a todos
La desobediencia del fallo de la Corte que obliga a reestructurar ese organismo perjudica directa y diariamente los derechos de miles de litigantes que buscan respuestas a sus problemas.
Por Ricardo Gil Lavedra. Fuente: 3/04/2022 17:25 Clarín.com
La justicia cumple una función central en toda sociedad democrática. Garantiza que los gobernantes se ajusten a la ley y tutela los derechos de los ciudadanos. Por eso, es muy importante quién y cómo designa a los jueces y controla su actividad. La bochornosa controversia que se ha suscitado en estos días respecto del órgano constitucional encargado de esas funciones, que incluye la disparatada decisión de un juez de no aplicar una resolución de la Corte Suprema de Justicia, despierta una profunda preocupación en toda la sociedad. Nadie puede estar en desacuerdo en que es necesario que el Consejo de la Magistratura funcione correctamente y de conformidad con las finalidades que le encomienda la Constitución. Pero para la abogacía, además de ese interés institucional común, hay un doble orden de motivos que sostienen esa necesidad.
Por un lado, un interés funcional: somos nosotros los abogados y abogadas quienes acudimos a la justicia defendiendo los derechos de los ciudadanos: es nuestro trabajo y nuestra vocación. Para poder cumplirlo es preciso que los jueces sean probos e idóneos, y que los procesos judiciales sean ágiles, transparentes y eficientes.
Por el otro, tenemos el legítimo derecho de ser escuchados e intervenir en el Consejo de la Magistratura en igualdad de condiciones con los otros estamentos. Los abogados y abogadas somos el canal por el cual el pueblo acude a la justicia. La Constitución nos ha dado por ello la facultad de opinar respecto del nombramiento de los jueces y del funcionamiento de la justicia. Celebramos entonces que en diciembre pasado la Corte declarara la inconstitucionalidad de la ley que establecía la prevalencia del estamento político por sobre el profesional de jueces y abogados, exigiendo el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Al suprimir la aplicación de una ley inconstitucional, la Corte Suprema reestableció la vigencia de la ley 24.397 y aumentó a cuatro la representación de los abogados y abogadas. Ello permitirá que la voz de la abogacía se escuche con mayor potencia. Que integre todas las Comisiones, que asegure condiciones de equidad en el acceso a la magistratura eliminando inaceptables preferencias a los antecedentes judiciales, impulsando que el Consejo controle mejor a los jueces, que se seleccione a los aspirantes por idoneidad y que se impulsen reformas que mejoren la administración de justicia.
Es de destacar la firme actitud de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en defensa de la profesión y del leal acatamiento a los fallos judiciales, que permitió celebrar elecciones libres, no sin vencer resistencias, para designar a dos representantes de la abogacía de la matrícula federal, para poder asumir la integración del Consejo de acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema.
Se encuentra próximo a vencer el plazo que fijó el alto Tribunal para la adecuación del Consejo a la Constitución y hay incertidumbre respecto de lo que ocurrirá, pues no hay designaciones de todos los estamentos. Los abogados y abogadas entendemos que la decisión de la Corte debe cumplirse porque se corre el riesgo de paralizar una institución vital para la República.
La cantidad de vacantes sin cubrir y el funcionamiento inadecuado de muchos tribunales pone en riesgo el normal desenvolvimiento de la actividad judicial. Tenemos que fortalecer el servicio de justicia y no debilitarlo: en los tribunales no sólo se ventilan causas que interesan al poder político, como las de corrupción estatal, sino también, mayoritariamente, las que interesan a la población. La dilucidación de los miles de pleitos que involucran cuestiones de familia, laborales, civiles o comerciales no puede ser perjudicada por la disputa política. La justicia no se ocupa sólo de las rencillas del poder político, decide los derechos de todos.
La parálisis del Consejo de la Magistratura significará un duro revés a la institucionalidad democrática y evidenciará el interés político en la apropiación de ese órgano para sus intereses personales dejando de lado las necesidades del pueblo. Los abogados y abogadas defendemos a los ciudadanos que necesitan que la justicia funcione. Es necesario ingresar a una nueva etapa, con un Consejo de la Magistratura equilibrado, ajeno a la política facciosa y que haga posible una justicia eficiente, creíble y confiable.
* Ricardo Gil Lavedra es candidato a presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, por la lista Unidad.