“La transacción en que se fundó la ley francesa fue la trampa, el cebo que se dió al obrero para hacerle tragar el anzuelo de la tarifación mínima y expoliativa..” (Juan Bialet Massé, en su “Informe sobre el estado de la clase obrera a principios de siglo”. 1904)

¿Existe una relación entre el juicio de valor y la tarifación?

¿No es la tarifación una forma de expresar la ponderación del valor?

¿Qué rol le cupo a esa relación en el derecho de daños atinente a la cuestión social?

Es tan vergonzoso el complejo de negociados que involucran la relación entre el papel que cumple el tarifarismo en el derecho social y la desvirtuación del juicio de valor en los conflictos de derecho entre el asalariado y su empleador, que para abordarlo, pienso que se necesitaría el humor ácido, corrosivo de Aristófanes, padre de la comedia griega, cuando  retrata al sicofante.

Ese personaje en el  Acarnienses y en Los Caballeros, encarna al calumniador, insultante y demagogo que incita al pueblo exhibiendo la cara oscura de nuestra profesión,  asumiendo la función del abogado, como se podía ser en la época de la guerra del Peloponeso. Nos deja por cierto mal parados y retrata nuestras debilidades.

El pensamiento de Aristófanes, tras veinticinco siglos sigue criticando la debilidad y propensión a la corrupción de la democracia y recobra sentido en la era de los Estados Constitucionales Sociales de Derecho, cuando la Revolución Conservadora impera disfrazando a su política económica y las normas que la instrumentan.

Sólo el humor que vamos perdiendo, puede hacer soportable esta realidad que avergüenza y combatir la tristeza que nos va embargando. Recuperar el bien perdido sería prueba de valor y entereza.

Y esto nos lleva al juicio de valor y su relación conflictiva con el tarifarismo, empeñados en disociar con la dogmática jurídica, nuestro divorcio de la realidad, que nos  abochorna.

Existe hoy en la legislación y jurisprudencia de los derechos humanos y sociales, una relación tramposa entre las categorías  de litigios que se encuadran a partir de las  obligaciones de deudas de valor y de dinero. Esto pone en tela de juicio al sistema judicial de reparación y prevención de daños laborales, que por su naturaleza es esencialmente de valores y ha sido reducido a una cuestión dineraria, en época en el que la moneda nacional ha dejado de tener valor significativo.

Todo ello va de la mano con la crisis del salario como valor de cambio y con la plusvalía y la enajenación expoliativa de las facultades creativas del hombre.

El sistema complejo de autocomponer los conflictos salariales mediante las convenciones colectivas es el único recurso alcanzable y no llega a cumplir su función por cuanto la inflación se encarga de desactivar cada conquista.

Más de dos décadas transcurrieron desde la sanción de las leyes 23.928, 25.561 y el decreto 214/2002 y siguen vigentes y consideradas por nuestros tribunales constitucionales.

El aferramiento al  conservador nominalismo extremo, en una versión demencial, produce el efecto de defender el valor del peso para que termine por perder todo valor.

Ante semejante dolor de cabeza, la aspirina de los intereses siempre llega tarde y es insuficiente. En ella se entretienen los magistrados, intercambiando consejos o riñendo. Da lo mismo. Encubren su cobardía para enfrentar con entereza las causas, distrayendo con la mísera generosidad impiadosa. Como los legisladores siguen al pie de la letra la receta de poder público mal monetarizado y de un presidente que se burlaba de la credibilidad y sus promesas electorales, haciendo mérito de su picardía de patas cortas.

De la farsa no salimos y el temporal de la inflación sopla fuerte, sin amainar. La realidad, siembra pobreza e indignidad.

¿Reemplazaremos a un sicofante por otro? ¿Continuaremos siendo la especie animal que no aprende de sus errores?