Declaración de La Rioja - La Defensa

Que esta Institución, único órgano federal de representación de segundo grado en el país, que nuclea sesenta y seis Colegios de abogados afiliados a la misma, apoyó la iniciativa de ley que reglamenta el ejercicio de la Abogacía ante la Justicia Federal, con el objeto de constituir un vehículo eficaz para la mejor prestación del servicio de justicia,

Que el respaldo de esta idea fue dado por sesenta y seis Colegios de Abogados de los sesenta y siete existentes en la República, manifestándose sólo en contra, de la misma el sector que preside el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Que la iniciativa mereció el apoyo unánime de los diputados que la sancionaron y solo fue objetada por uno de los senadores, representante de la Capital Federal, durante su tratamiento parlamentario. Que con la ley vetada se posibilitaría el acceso a la Justicia de los habitantes del interior del país, poniendo en pie de igualdad a los letrados que los patrocinan o representan.

Tiende a mejorar el cumplimiento de las éticas profesionales a través del Registro de Antecedentes Disciplinarios que crea.

Que la situación actual, de perdurar, crea un monopolio elitista y discriminatorio del ejercicio profesional que la ley vetada supera, pues es un instrumento real de un federalismo que muchos declaman sin estar dispuestos a defenderlo en el mundo de los intereses económicos.

Que el veto ejercido por el Poder Ejecutivo Nacional carece en este caso de razonabilidad, retrotrayéndose en un regresismo histórico a épocas en que nuestro país soportaba una lacerante división, con una Capital omnipotente frente a un Interior postergado.

Que el veto del Poder Ejecutivo y la conducta de los que actuando como grupo de presión lo promovieron, sólo constituye un hecho coyuntural, que los Abogados del país y la F.A.C.A., al servicio de sus legítimos intereses y del bien público, conseguirán superar dentro del marco del accionar propio del Estado de Derecho.

Que, en función del derecho constitucional de peticionar, se dirige al H. Congreso de la Nación y pide el tratamiento parlamentario del veto, y la coherencia de los representantes del Pueblo y de las Provincias, para que cumpliendo con la voluntad política que ya expresaran, sancionen la ley ratificando su posición anterior.

La Riója, 5 de octubre de 1990.