Presentación en el Senado de la Nación. - La Defensa

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Presentación en el Senado

Proyecto de Ley de Matricula Federal

Es necesario saber la verdad e informar con seriedad

Explicación y respuesta a infundadas críticas

En mi carácter de Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), me dirijo a usted transmitiéndole mi profunda preocupación por desacertadas manifestaciones públicas realizadas por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), contrarias al proyecto de Ley de Matrícula Federal, que tienen por fin soterrar la verdad. La inquietud de la entidad que represento y que nuclea a los abogados de TODA la Argentina, radica en el hecho de que las mentadas expresiones, amén de tendenciosas e interesadas, resultan notoriamente erróneas e inexactas.

La Matrícula Federal es un proyecto acuñado y analizado durante años en todas las esferas públicas y privadas, que procura poner punto final a una irritante situación de desigualdad, constitucionalmente objetable, en la que se encuentran los abogados del interior del país que litigan en el ámbito de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, desde la sanción de la ley 23.187 de creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

En rigor, en la actualidad nos hallamos ante una situación injusta, paradójica y absurda en la cual los letrados del país están obligados, por imperio de dicha ley, a matricularse en el CPACF para poder actuar ante la Justicia Federal capitalina, lo cual les genera una doble, costosa e innecesaria matriculación –salvo a los porteños-, efectuándose un parcelamiento territorial de la jurisdicción federal que contraría el principio de unidad según la materia, que es esencial a la misma (Art. 116 de la Const.Nac.).

De tal forma se produce un tratamiento desigual para una misma situación y actividad, creando una situación de irritante privilegio a favor del CPACF no sólo por la exigencia de esa doble, costosa e innecesaria matriculación que no encuentra justificación razonable alguna, sino también por el hecho de ser el único colegio de abogados del país al que se confiere la facultad de habilitar para el ejercicio profesional ante la justicia federal, circunstancia cuya injusticia e inconstitucionalidad fuera constantemente denunciada por los abogados del interior por resultar violatoria de la garantías constitucionales de igualdad y del derecho a trabajar (arts. 16 y 14 de la C.N.).

De la lectura del proyecto, sin dobles intenciones, se desprenden sus beneficios y objetivos:

Regula la matricula federal con carácter general e igualitario para todos los abogados del país. No crea obstáculos para el acceso a la justicia, ni implica más burocracia, ni más trabas ni regulaciones.

No establece una doble matriculación. Ese es el vicio que pretende corregir.

No crea una nueva matrícula para actuar en la Justicia Federal, pues la otorgarán los colegios de abogados del interior conjuntamente con la matrícula provincial. Ello redundará en un gran beneficio para los abogados, puesto que se les facilitará ejercer la profesión en el ámbito federal, despojados de los obstáculos innecesarios que existen en la actualidad.

Habilitará un padrón transparente para las elecciones del representante de los abogados del interior del Consejo de la Magistratura.

Crea un registro confiable de abogados matriculados en la Justicia Federal, garantizando al Poder Judicial y a los ciudadanos que el profesional se encuentra habilitado.

Permitirá el control ético de la profesión en el fuero federal, hoy de imposible ejercicio. Los Tribunales de Ética cobrarán real relevancia con el registro de antecedentes de todo el país que llevaría la FACA. Resalto que la misión esencial de la abogacía consiste en afianzar la justicia, por tanto, resulta indispensable contar con un órgano sancionador de las conductas que la desvían tan augusta función. En el presente, asistimos a la ingrata realidad de que las acciones contrarias a la ética profesional en dicho fuero reposan en el sitio de la impunidad.

Los abogados de todo el país podrán litigar en cualquier juzgado federal con una sola inscripción en la matrícula federal, evitando de esta manera la doble matriculación en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y el elevado costo que les representa la misma.

La matriculación federal proyectada no implicará el pago de un costo adicional con respecto a la matriculación local y será otorgada “gratuitamente” por los Colegios de Abogados conforme a las leyes vigentes en sus respectivas provincias.

Tan solo confiere a la FACA –entidad casi centenaria de segundo grado de orden nacional que nuclea a los Colegios de Abogados de todo el país y cuya afiliación es y seguirá siendo voluntaria, pues en nada afecta dicha situación el proyecto- el ejercicio de ciertas y limitadas funciones públicas, que se suman a otras similares ya delegadas por leyes nacionales, como la integración del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Para finalizar y referirme puntualmente a algunas de las críticas realizadas contra el proyecto debo decir que los Colegios de Abogados del interior son “colegios públicos de ley”, como lo es el CPACF, sin ninguna diferencia, a menos que por ser del interior se entienda que deben tener otro tratamiento o naturaleza jurídica. Por tal motivo resulta insólito hablar de “privatización de la matrícula federal”, pues son ellos –no la FACA- quienes tendrán el control de la misma.

Es cierto que además integran nuestra Federación algunas asociaciones civiles de abogados que “no son colegios de ley”, pero las mismas no otorgarán la matrícula federal y ello está muy claro en el proyecto, salvo para los que tienen otros intereses e inducen a una lectura distorsionada del mismo.

En nuestra sociedad occidental ya casi no se debate que la colegiación legal resulta el mejor sistema para el control de la matrícula y ética profesional, como así tampoco que los colegios profesionales, como personas de derecho público no estatal, cumplen un rol clave y principal en ello, por lo que no puedo más que concluir en que la oposición al proyecto de matrícula federal revela un pensamiento y postura conservadora, anticolegial y contraria a la libertad profesional.

Con la férrea convicción de haber informado con seriedad la verdad del proyecto y destacando que el Honorable Senado de la Nación es el órgano federal por excelencia, entiendo que la adhesión a nuestro propósito significaría cumplir con el mandato constitucional conferido, coincidiendo conmigo en que el federalismo no sólo debe pregonarse, sino también practicarse.

Sin más, aprovecho la ocasión para saludarlo con las expresiones de mi mayor distinción.

Eduardo Andrés Massot

DNI 20.806.570

Buenos Aires, 26 de junio de 2017