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Reflexiones sobre la situación ocupacional de la Abogacia

Dr. W. Augusto Wayar

Presidente de la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de La Matanza y miembro de la Comisión de Incumbencias y Situación Ocupacional de FACA.-

Según el diccionario de la real academia española incumbencias significa: “quien tiene el cargo de una obligación”, “quien está a cargo de realizar determinada tarea”. Hace algunos años los colegas de San Isidro dijeron “Incumbencias es el trabajo”; lo cual es cierto, cuanto mayores sean nuestras incumbencias mayor será nuestro trabajo, más áreas tendríamos donde desarrollar nuestra profesión.

Se trata entonces de aumentar nuestras áreas de actividad, aumentar nuestras incumbencias, mantener las que tenemos, y recuperar las pérdidas.

Y como incumbencias es trabajo, voy a hacer una reflexión sobre nuestra situación ocupacional actual.

En este sentido, todos tenemos amigos Abogados, que no ejercen la profesión; algunos de ellos han dejado de ejercerla hace ya mucho tiempo. El programa del gobierno denominado “Justicia 2020” tiene entre sus objetivos, promover “Centros de acceso a la justicia coordinados con los gobiernos locales”, promover una red de patrocinio gratuito en todo el país, Centros de asistencia y asesoramiento gratuitos. Una reciente Ley de la Nación dice que nuestros honorarios por la homologación de acuerdos provisionales es de $ 500. El Estado a través de los Colegios de Abogados asiste a las víctimas de delitos, abonando un 50% de los honorarios que se fijen. Mediación gratuita para las partes, a cargo del Estado, Defensa del Consumidor a cargo de Abogados del Estado, leyes nacionales que rebajan los honorarios fijados en leyes provinciales; en otras palabras, el Estado estableciendo tarifas, y ocupando el rol que antes ejercían los Abogados de manera particular. En cuanto a la sociedad, nos relaciona con un mal que va en aumento: “Los Caranchos”.

En los años 90, cuando yo me matriculé, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, me podía jubilar a los 55 años, con un haber jubilatorio que ciertamente era bueno. Hoy que estoy camino a los 55, si me quiero jubilar tengo que esperar hasta los 65, y de seguir en el camino que vamos, la jubilación posiblemente no me alcance a cubrir la prepaga. De hecho, si optara por la nueva banda del 37,9 %, establecida excepcionalmente este año ante la emergencia, seguramente no me va a alcanzar para pagar la prepaga.

En otras provincias la situación no está mucho mejor. El haber jubilatorio básico en Mendoza es de $ 16.000, en Tucumán $ 8.000, en Entre Ríos $ 8.800, en Río Negro no existe haber básico y todo depende de lo que los letrados aporten, en Chubut directamente los abogados dejaron de aportar.

Entonces me preguntó a qué pasó?, qué nos pasó?.

Evidentemente, está habiendo un problema con la tasa de rentabilidad de nuestra profesión.

Para que la tasa de rentabilidad de una profesión liberal sea positiva, se tiene que dar como mínimo tres presupuestos básicos:

1) Conocimiento; el profesional debe saber lo que hace, tener conocimiento de su ciencia. En nuestro caso, saber interpretar un caso, plasmarlo en una demanda, llevar adelante el proceso, y finalmente cobrar nuestro trabajo.

2) Tiene que existir un mercado, que requiera los servicios de este profesional. Obviamente este mercado tiene que tener capacidad económica para poder pagar.

3) Debe haber una adecuada relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de profesionales que prestan el servicio.

Una vez en un curso, un alumno le preguntó a un destacado especialista en derecho civil y laboral, el Dr. Ricardo Foglia ¿porqué en E.E.U.U. se pagan indemnizaciones millonarias en dólares, y en la Argentina se paga tan poco? y el Dr. Foglia respondió: que en E.E.U.U. se pagan esas cifras porque existe un mercado que las puede pagar; y en Argentina se pagan las indemnizaciones que el mercado puede pagar; aunque la vida de un argentino sea tan valiosa como la de un norteamericano, o la de un uruguayo, o la de un boliviano.

El P.B.I per cápita de la Argentina, según informes del Banco Mundial, entre los años 1993 y 1999 era aproximadamente de U$S 8.188, en tanto que en el período 2013-2015 fue de U$S 14.000.

En el año 1990, existían en la provincia de Buenos Aires 17 Colegios con 21.400 abogados, en tanto que en el 2016 somos 20 Colegios con 110.000 abogados.

Mientras el número de abogados se multiplicó por cuatro, el producto bruto interno per cápita no llegó a duplicarse.

Si bien el P.B.I. per cápita aumentó, no lo hizo en la misma relación que el aumento de abogados, y en consecuencia, hoy no existe un mercado que absorba la cantidad de profesionales que somos.

En el año 1995, se sanciona la Ley de Educación Superior N° 24.521, que tenía entre sus fines “promover una adecuada diversificación de los estudios superiores”, y uno de sus principales controladores y gestores es la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Según un informe del “Centro de estudios de la Educación Argentina” publicado en junio de este año, cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros; en las universidades nacionales por cada ingeniero se gradúan 2,4 abogados, mientras que en las privadas la cifra asciende a 20.

Mientras que en los países desarrollados se gradúan a un ingeniero cada 2.000 habitantes, en la Argentina tenemos 1 ingeniero cada 5.000 habitantes

Han transcurrido más de 20 años desde la sanción de la ley, y en lugar de tener diversificación de estudios, tenemos una hiperinflación de abogados, generados fundamentalmente por las Universidades privadas.

En diciembre del año 2012, el diario “La ventana de San Juan”, publicaba: que San Juan era la provincia con mayor cantidad de abogados por habitante, uno cada 200. En noviembre del año 2013, el diario “Uno” de Entre Ríos publicaba: “Preocupa la sobrepoblación, con un abogado cada 200 habitantes”. Si tomamos en cuenta los datos de nuestra provincia nos da un promedio de un abogado cada 300 habitantes aproximadamente. Si a este número le quitamos el porcentaje correspondiente a niños y adolescentes que no hacen juicios, nos queda un número de entre 150 a 200 personas, las cuales quizás nunca en su vida tengan que hacer un juicio; si a eso le sumamos el P.B.I. que cada persona tiene, aunque tengamos clientes, estos tampoco dispondrán de mucho capital para pagar nuestros servicios.

Nos queda por analizar ahora el tercer presupuesto básico: el conocimiento.

Según la Resolución 3246/15 del Ministerio de Educación, dictada en conjunto con el Consejo de Universidades, y la Secretaria de Políticas Universitarias, dijeron expresamente: “que resulta claro que la deficiente formación de los abogados comprometen interés público, poniendo en riesgo de modo directo los derechos y los bienes de los habitantes”

Y vuelvo a la Ley de Educación Superior dictada en el año 1995, que establecía entre sus fines:

- proporcionar formación profesional y humanística en el más alto nivel,

- garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia,

- formar profesionales con solidez profesional,

Y estableció que los órganos encargados de llevar adelante estos fines serían la CIN, Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a la mayoría de las Universidades nacionales y privadas del país, el Consejo de Universidades y la CONEAU.

Al cabo de 20 años los órganos que debían darnos excelencia, calidad y al más alto nivel profesional, terminan concluyendo que nuestra formación es deficiente y compromete a los habitantes de la sociedad.

Como el problema de nuestra calidad profesional no es de ahora, la Universidad Nacional de La Plata hace algunos años readecuó su programa de estudios, y hasta el día de la fecha no tuvo la aprobación de la CONEAU.

Por otro lado, escuchamos hasta el hartazgo la insistente publicidad de carreras universitarias de Derecho aprobadas por la CONEAU.

Mucho pavor causa escuchar en la presentación del Programa Justicia 2020 del gobierno nacional: “Programa patrocinado por la Universidad Siglo XXI…”

En consonancia con lo antedicho, en el programa Justicia 2020, en el “eje justicia comunidad”, “evaluación de la calidad previa al ingreso de los profesionales de derecho”, se realizó una encuesta en las universidades nacionales para detectar cuáles eran los vacíos pedagógicos, y se concluyó que a los profesionales de derecho les falta: investigación jurídica, ética profesional, práctica profesional, gestión judicial, razonamiento y decisión judicial; y para eso ya tiene fondos destinados al gobierno y la CONEAU para tratar el tema. Si hubieran preguntado los Colegios de abogados cuáles eran los vacíos pedagógicos se lo hubieran respondido en un minuto, y se hubieran ahorrado toda la encuesta.

Paradójicamente, los mismos órganos que nos llevaron a una deficiente formación, son los mismos que ahora pretenden cambiarla.

Los Colegios de abogados tenemos el control de la matrícula; nosotros debemos sancionar a los abogados que ejercen mal su profesión, adrede o por desconocimiento; y cubrir los vacíos pedagógicos que las a universidades generaron. Estamos encargados del control del producto terminado, pero no intervenimos de su formación.

Si queremos mejorar la calidad, elevar el nivel profesional, lograr la excelencia, sin dudas los Colegios deben tener intervención protagónica en la formación.

Autos para actuar¡¡¡. No puede seguir ideándose programas de estudio, proyectos pedagógicos, sin la intervención de los Colegios

Ahora bien, podemos aceptar que nuestro nivel educativo es bajo, que tenemos que mejorar, que existen deficiencias en nuestra formación, y podemos estudiar y analizar la manera de mejorarla; lo que no podemos hacer, en la desesperación, es adoptar decisiones disparatadas como puede ser la habilitación profesional.

Antes, cuando una persona tenía problemas de salud recurría al médico general; luego los médicos empezaron a especializarse. Hoy, si una persona tiene un problema de salud puede recurrir al médico general como lo hacía antes, o puede ir al especialista; y la realidad es que va al especialista. La especialización fue madurando en la sociedad, y hoy, sociedad y profesionales se ven beneficiados de esa especialización.

Hace muchos años hecho concurrí a una mediación voluntaria sin muchas esperanzas, ya que descreía del instituto. Sin embargo, la actuación del mediador, hizo que el tema se resolviera, y nos fuimos todos conformes, el mediador, mi cliente y yo.

De un día para el otro se instaló la mediación obligatoria con habilitación profesional en la Pcia. de Buenos Aires, bajo el argumento de que en otros países funcionaba, de que iba a alivianar la poder judicial, que se iban a resolver los conflictos, que había abogados que iban a poder vivir de la mediación. Lo cierto, es que alguien trajo la idea, y la idea se instaló.

En la provincia de Buenos Aires si alguien quiere ser mediador tiene que lograr la “Habilitación Profesional”. Debe hacer un curso, pagarlo; obtener su matrícula, pagarla; y pagar por el resto de su vida cursos de actualización, que le permitan mantener la matrícula vigente, además debe pagar por ella.

En el Departamento de La Matanza las quejas de los Mediadores son permanentes, y a pesar de ello se siguen dando matrículas de mediadores. A la sociedad no le convence el instituto y a los profesionales tampoco. No se dio el tiempo necesario para que la mediación madurara en la sociedad

Los mediadores no pueden cubrir los gastos, y exigen un aumento en las materias a mediar, cobrar un mínimo por apertura de la mediación, etc. Las compañías de seguro extorsionan a los mediadores para que acepten honorarios por debajo de la tabla que fija la ley (como condición para cerrar un acuerdo), caso contrario no lo cierran, o lo llevan a la Capital Federal donde los costos son más bajos.

Conclusión: muchos mediadores terminan aceptando una rebaja de sus honorarios para poder percibir algo. Pero esto no termina aquí. En un caso “Suárez Raúl c/ Andersen Celia s/ Daños y Perjuicios”, en el curso del juicio se llegó a un acuerdo. En la homologación, por el monto del acuerdo, el juez fijó los honorarios del mediador en la suma de $ 10.080. La compañía de seguros apeló los honorarios por considerarlos altos y el expediente se elevó a cámara. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, bajo el argumento de que las leyes nacionales 24.432 y 24.522 los facultan a morigerar los porcentajes tarifados en las leyes de honorarios, y establecer honorarios de acuerdo a su saber y entender, en base al mérito, la labor y calidad del trabajo que según ellos el profesional realizó, redujo los honorarios de $ 10.080 a $ 2.500.

Con lo cual cabe preguntarnos ¿qué futuro les espera a los mediadores en la Pcia. de Buenos Aires?.

Exceso de abogados, falta de preparación, patrocinios gratuitos a cargo del Estado, leyes nacionales disminuyendo nuestros honorarios, imposición de tarifas… parte de nuestra realidad.

Evidentemente la situación ocupacional de los abogados está en crisis, en un estado crítico, y así hemos de tomarlo.

La idea de estas palabras, es convencernos de que estamos mal.

La crisis debe movilizarnos a un cambio inmediato, ya, a partir de ahora; de otra manera, sí soslayamos nuestra situación, si minimizamos nuestra crisis, lo único que lograremos es seguir cayendo; y cuanto más profundo caigamos más difícil será recuperarnos.

Ojalá dentro de algunos años volvamos hablar de la situación ocupacional de los abogados, y festejemos que aumentamos nuestra tasa de rentabilidad, que mejoramos nuestra calidad profesional, que nuestro haber jubilatorio está creciendo, que bajamos nuestro nivel de deserción en el ejercicio y que en la consideración social volvamos a ser lo que los abogados hemos sido durante siglos: “Una herramienta esencial y eficaz para una sociedad mejor”