Que los gobiernos que supimos conseguir han tenido errores garrafales es para la opinión pública aceptado.

Las elecciones presidenciales del mes pasado han plasmado un cambio votado como mandato y obligación de cumplir con lo comprometido en la campaña y apoyado por la mayoría del electorado.

En medio de una crisis socio-económica grave, la promesa de cambio, esperanza. Reiteradamente se la describió como una luz al final del túnel.

El presidente electo demostró ser en sus ofertas el más vigoroso y creíble de los candidatos, haciendo de su falta de experiencia en la gestión del poder público un mérito. Interpretó hasta donde llegó el hastío a la población y demostró su capacidad de organizar desde magras, pero jóvenes estructuras de militancia, un signo favorable para construir esa esperanza electoral.

Ahora ha llegado el momento de la gestión. La prueba de la verdad.

La hora de los intentos de reforma. Cuando los hechos superan a los discursos.

Todo cambio acarrea costos que soportar por la sociedad que se compromete. Deben ser soportados, asimilados como una apuesta a mejorar el futuro.

No le será fácil al responsable de la administración enfrentar los cambios ministeriales y las burocracias instaladas y poderosas, afianzadas, dúctiles para supervivir aún en circunstancias de cambios tan profundos como los que vivió el país cuando el partido militar ejerció sus dictaduras. Subsistieron y acumularon fuerzas en el libre juego de la democracia y se fortalecieron no solo en el aparado del Estado. Lo hicieron hasta en el propio seno de los partidos políticos.

En el aparato del Estado Nacional y los Estados Provinciales, la tercerización y privatización de ciertas funciones de la administración, lejos de debilitar sus fuerzas las incrementó en todo aquella que es la incumbencia de lo público. Estamos pagando caro algunas de las privatizaciones incluso de sectores como los propios de la explotación de las riquezas naturales.

No está dentro de la incumbencia del presidente como máximo responsable de la administración pública, cambiar la gestión propia de los poderes judicial y legislativo. Y los vicios propios de la burocratización manifiesta en la gestión de esos poderes republicanos es manifiesta y compite en degradación como las de las administraciones de nuestras provincias y municipalidades que el federalismo constitutivo necesita y sobre las cuales se asienta. Tampoco éste es el coto de caza del presidente de la Nación y para incursionar en ellos, lo haría violando la Constitución Republicana y Federal. +información..