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Entrevista al Presidente de la F.A.C.A.

Dr. Eduardo Massot

“El decreto 54/2017 es inconstitucional”

Así lo expresó el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Dr. Eduardo Andrés Massot en la entrevista realizada para LA DEFENSA. En consonancia con los recientes dictámenes del IDEL-FACA, el Dr. Massot sostuvo que el decreto que modifica el régimen de riesgos del trabajo es inconstitucional tanto en su forma como en su contenido. La medida presidencial no logra demostrar la urgencia que justifique su exceso, y acentúa la restricción a los trabajadores de acceder de forma rápida y eficaz a la justicia. Un negocio privado sostenido con la salud de los trabajadores.

Por Facundo Gutiérrez Galeno

La reciente sanción del decreto 54/2017 atenta contra el derecho humano fundamental de ingreso irrestricto a un tribunal competente independiente e imparcial, mediante un recurso sencillo efectivo y rápido (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). La medida reafirma un procedimiento administrativo previo, obligatorio y excluyente ante comisiones médicas con la finalidad de obstruir cualquier acceso a la justicia en búsqueda de una reparación de daños laborales y obtención de prestaciones que el sistema no brinda. La supuesta “litigiosidad” e “industria del juicio” sirve como manifestaciones ideológicas que encubren los verdaderos intereses financieros y oligopólicos en juego, la mantención y defensa de un sistema de fabulosas ganancias privadas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

“Este es un decreto que busca mantener vigente un sistema y leyes que no cumplieron con los objetivos que se propusieron”, afirmó el Dr. Eduardo Massot en la sede de la FACA en la entrevista realizada para este número de LA DEFENSA. “Todas las modificaciones y parches vinieron a mantener un sistema que no repara lo daños generados por el trabajo ni tampoco la prevención en los mismos. Se atacan las consecuencias, pero no sus causas”.

Por su parte, el Dr. Ricardo J. Cornaglia, presidente del IDEL sostuvo que la modificación viene a validar todo un sistema de reparación de daños a favor de la privatización de la seguridad social de la mano de oligopolios financieros dedicados a la explotación privatista de la medicina, que en 2016 obtuvieron una ganancia de 1.500 millones de pesos, el 26 % sobre su facturación. Un negocio que maximiza ganancia a costa de no otorgar prestaciones, solventado por los trabajadores argentinos que pagan el 3,5% de sus salarios para su mantención.

“Hay datos que son verdaderamente terribles, en 20 años el sistema no tiene ningún registro de haber dado prestaciones por cáncer. Y hay cáncer producto del trabajo”, Ricardo Cornaglia

La manda constitucional de una seguridad social estatal sigue incumpliéndose, manifiesta el Dr. Cornaglia. Y agrega que no existen datos serios que permitan afirmar que exista una creciente litigiosidad. Los 660.000 infortunios registrados por la Superintendencia de Riesgos, más otro tanto de trabajadores no registrados, no se condice con los 120.000 juicios laborales que mencionan. En sus dos décadas de funcionamiento, el sistema otorgó tan solo el 2 % prestaciones por infortunios a enfermedades profesionales, cuando -según la OIT- el promedio mundial es del 38 %. Estas prestaciones por enfermedad que no se otorgan son un reservorio de conflictos postergado y reprimidos que requieren de la justicia.

El Dr. Massot afirmó que la FACA irá la Cámara de Diputados a rechazar el decreto y el proyecto legislativo para dar el debate necesario que permita pensar la necesidad de cambiar toda la legislación de Riesgos del Trabajo. “Nunca se tuvo en cuenta al principal sujeto que debiera ser tutelado, el trabajador. Hay un sector empecinado en mantener las leyes vigentes, aquellos que hablan de la `industria de juicio´, pero debemos cambiar el sistema en su totalidad”, concluyó.