Acerca del discurso presidencial pronunciado en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el 1° de junio de 2017 por Horacio Schick - La Defensa

El Señor Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, días pasados, ha efectuado declaraciones públicas desde el ámbito de un acto programado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por el Dr. Guillermo Lipera, donde puso especial énfasis en acusar a los Jueces de la Justicia Nacional del Trabajo en provocar con sus fallos, junto con el accionar de los abogados que ejercemos la defensa de los trabajadores, la crisis y quebranto de las Pymes. Hizo referencia a los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dres. Enrique Arias Gilbert y Beatriz Marino, a quienes comunicó que les ha promovido el juicio político, el que se origina en sus sentencias en las que convalidaron el acuerdo paritario de la actividad bancaria, previamente desestimado por el Ministerio de Trabajo, y finalmente aprobado.

Estas impropias declaraciones del Presidente de la República son cuestionables desde diversos ángulos.

1.- La Constitución Nacional le veda al Poder Ejecutivo interferir en el ejercicio de los actos de otro poder independiente: el Poder Judicial, cuya función es precisamente, ejercer el control de legalidad de los actos de los otros dos poderes de la República. La mera discrepancia con los fallos, por más arbitrarios que le parezcan al titular del PEN, no habilitan el juicio político, cuyo pedido hacia los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo se ha generalizado, al requerírselos también a los Dres. Luis Raffaghelli y Diana Cañal. En otro caso se ha denostado públicamente a la Jueza, Dra. Dora Temis. Siempre por discrepancias con el contenido de los pronunciamientos de estos magistrados.

Pero si en verdad el PEN cree sinceramente que existen incumplimientos en los deberes que imponen la función judicial, debe utilizar las vías institucionales para recurrir al Consejo de la Magistratura y presentar las pruebas pertinentes. No debe utilizar la tribuna pública pretendiendo, en forma vulgar, dilucidar temas tan delicados que según la Constitución deben ser tratados por órganos específicos.

2.- Lo que se evidencia es una práctica, ya no solapada, sino abierta de descalificar en forma generalizada a la Justicia Nacional del Trabajo, al utilizar la misma metodología de “escarnio” publico a la que recurría la ex presidenta CFK, al desacreditar públicamente a los Jueces de distintos fueros que hacían lugar a los amparos de los damnificados por las decisiones inconstitucionales que se adoptaban en aquellos tiempos, o violatorias del principio de legalidad, como la recordada “reforma judicial”.

Son conscientes el Presidente y sus asesores que en vez de “Cambiar” el abuso de la figura presidencial están cayendo en las mismas prácticas del gobierno anterior, y lo único que están creando es una nueva grieta de desencanto de vastos sectores de la población, que ahora no solo, descreen de la etapa anterior caracterizada por la corrupción y el desperdicio de las condiciones internacionales favorables. Sino que además ahora tampoco convalidan un discurso, una praxis y leyes que nunca se anunciaron en la campaña electoral, que no llevan a un crecimiento económico sostenido con equidad, como se prometiera. Todo ello sin desconocer la pesada herencia dejada y las dificultades que hubo que atravesar en los inicios de la nueva gestión para soslayar el campo minado dejado por la Administración anterior. Pero ya nada justifica las decisiones que se vienen adoptando en un sentido económico y social que a entender del autor, ya fueron intentadas con anterioridad y fracasaron.

3.- Las graves acusaciones vertidas por el titular del Poder Ejecutivo Nacional han sido emitidas ante una reunión de la única entidad de abogados que apoyó la sanción de la ley 27348 de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) cuya clave de bóveda no es ni más ni menos que la constitución de un fuero o comisión especial pro ART para dilucidar los conflictos derivados de accidentes y enfermedades del trabajo, en la que los médicos integrantes de las Comisiones Médicas (CCMM), designados por la SRT y financiados por las propias ART, carecen de la independencia, imparcialidad y estabilidad del empleado público, en un sistema administrativo inconstitucional privado de revisión judicial amplia, que sustituye a los jueces naturales. De ese modo se les impone a los trabajadores transitar un laberíntico procedimiento controlado por las Aseguradoras, para reclamar las indemnizaciones de la ley, a pesar de que la Corte ya había declarado inconstitucional ese procedimiento diseñado originalmente en 1995, en el auge de la década de la desprotección laboral. Ahora se lo perfecciona y aun se lo vuelve más restrictivo.

En vez de proteger a los trabajadores como manda el artículo 14 bis de la CN y con la excusa de la litigiosidad, callando la siniestralidad que la genera, dando la espalda a la jurisprudencia de la Corte, se convierte en obligatorio lo que hasta el presente era optativo para el damnificado, es decir ocurrir a las CCMM para reclamar las indemnizaciones tarifadas de la ley especial por daños sufridos en la actividad laborativa o recurrir ante la Justicia bajo el amparo de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que así lo habilitaba.

Llama la atención el doble estándar de este gobierno que pregona la libertad para el capital y las inversiones, pero que al trabajador, no le permite optar, y debe asistir obligatoriamente ante las CCMM impidiéndole el acceso directo a la justicia, incurriendo en una clara discriminación respecto del resto de los dañados del ordenamiento que tienen acceso directo a la misma (cf. artículo 16 CN).

De igual forma se postula en todo el país lo instaurado en 1996 en la Ciudad A. de Buenos Aires: la privatización de una función judicial esencial como es la de conciliación laboral, que también se impone obligatoriamente ahora en las provincias, para que la gestión se desenvuelva en ámbitos privados, como etapa previa a la promoción de la demanda judicial. La ley 24635 en vez de conservar en la justicia del trabajo privatiza la etapa de conciliación, se impone un posmodernismo procesal que pretende una falsa igualación entre el trabajador y el empleador, al igual que en los “90”.

4.- Pero además la entidad ante la cual el Presidente pronunció el discurso que estamos analizando es presidida por el Dr. Guillermo Lipera, colega que nos merece el mayor de los respetos, pero que es socio del estudio que asesora a la mayoría de las ART y también a la Unión de ART (UART). De modo que por aquello que “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”, el lugar elegido por el Presidente desde el cual fueron atacados los jueces del trabajo y los abogados laboralistas es cuando menos impropio.

Se parece mucho a la ex Presidente CFK cuando el 26 de noviembre de 2010 se anunció su intención de retomar la discusión en torno a una nueva Ley de Riesgos del Trabajo, y nos trató a los abogados de “caranchos”, en un acto organizado por la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas (FADEEAC). (Ver Informe Laboral Nro. 20, fechado el 28 de noviembre de 2010, en: http://www.estudioschick.com.ar/in_20.pdf).

También es importante recordar que la segunda ola reformista regresiva del 2012, que se cristalizó en la ley 26773, fue anunciada por la entonces Presidente CFK el 11 setiembre del mismo año en una cena de la UIA, presidida por el Dr. José de Mendiguren y dedicada a los industriales presentes que aplaudieron la iniciativa, y que se convertiría en Ley el 24 de octubre del mismo año.

En síntesis, el discurso ha sido inapropiado para el primer magistrado, pero también el lugar desde donde lo pronunció, asumiendo el riesgo de que se abra una nueva grieta de carácter clasista, lo que sería un verdadero despropósito para todos los argentinos, que deseamos un sendero de paz, desarrollo con equidad y tolerancia, que no tenemos hace mucho tiempo.

5.- El presidente y su equipo manifiestan una “indisimulada molestia” con la Justicia Nacional del Trabajo a la que quieren desarticular, al no nombrar las vacantes de más de 40 jueces que faltan designar, como la dotación completa del personal faltante, lo que impide su funcionamiento normal. Sólo se intenta el traspaso a la justicia de la Ciudad para desguazarla y liquidar su valiosa jurisprudencia elaborada a lo largo de 50 años de funcionamiento continuo, siendo la vanguardia jurisprudencial de todos los tribunales del país.

El presidente manifiesta la intención de buscar jueces equilibrados, que no solo favorezcan a los trabajadores, lo que demuestra un desconocimiento supino de la esencia del Derecho del Trabajo (DT), que es esencialmente tutelar a la parte más débil de la relación laboral, y por eso históricamente se desprendió como rama autónoma del Derecho Civil, que presupone la existencia de iguales. El DT compensa las desigualdades que se dan en el plano económico y social, con tutelas jurídicas especiales, lo que a su vez es reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en su primer párrafo que dispone: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

De modo que el derecho sustantivo como el procesal, y los jueces que ejecutan las leyes que reglamentan la CN, deben cuidarse de interpretarlas en el sentido que manda la Carta Magna. El Poder Ejecutivo y los legisladores también.

¿Acaso el PEN pretende retrotraernos a un liberalismo decimonónico? No parece viable. Cree posible recrear una gestión laboral del tipo las de los 90, como la del tristemente recordado Dr. Armando Caro Figueroa. Aunque lamentablemente la iniciativa de la ley 27348 ha sido un indicio precoz de una tendencia hacia ese sendero harto preocupante, que someteremos al test de constitucionalidad de los jueces, como lo hicimos exitosamente con el engendro de 1995.

Vemos con preocupación en esta tendencia preocupante que la SRT, de ser el ente regulador de la materia de riesgos del trabajo, se ha convertido en un vocero de las ART, desequilibrando al sistema en forma desmesurada en beneficio de las aseguradoras, anulándose derechos elementales de las personas que trabajan, como es el acceso a la Justicia, discriminando a los trabajadores respecto de los derechos de libre acceso a la justicia que tienen todos los demás dañados en el ordenamiento jurídico.

6.- La crisis de las Pymes y sus quebrantos nada tienen que ver con los juicios laborales. Esta es la remanida excusa de las tres oleadas reformistas de la LRT: la de 1995, la del 2012 y la actual. Con esas leyes no se impidió ni el fenomenal colapso del 2001-2002, época en la cual reinaba la ley 24557 y casi no había juicios. Y luego de la ley 26773, entramos en recesión, se vaciaron las cajas del estado, rigió el cepo al dólar, etcétera.

De modo que la menor tutela de la integridad psicofísica de los trabajadores y su protección global ninguna incidencia tienen en el nivel de empleo ni en las condiciones económicas del país, que dependen de correctas decisiones macroeconómicas de los gobiernos.

En verdad, ahora existen líneas directrices que sí afectan el nivel de actividad económica y que asfixian a las Pymes: se pueden explicar como una consecuencia de las rigideces de la política del tipo de cambio atrasado o de apreciación del peso, que se viene aplicando desde hace muchos años en nuestro país, situación que se agudiza ahora por el fortalecimiento del dólar a nivel mundial y la devaluación de las monedas locales de los países circundantes, con los que comerciamos (México devalúa su moneda un 17% en 4 meses, China hace lo propio en una magnitud del 11%, Brasil devaluó cerca del 100% en los últimos años, Colombia 55% en idéntico período).

El ajuste del tipo de cambio inicial adoptado por esta gestión ha quedado prontamente desactualizado por el aumento de precios y el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos que se hallaban depreciadas en relación a la inflación de los 12 años anteriores, en que absurdamente quedaron prácticamente congeladas.

Esta apreciación cambiaria le resta competitividad a todos los sectores productivos de la Argentina, y aun cuando los sectores agropecuario e industrial fueron liberados en su mayoría, de los impuestos a las exportaciones (solo la producción de soja sigue pagando 30% de retenciones), pretende ser compensada con la reducción de los llamados costos laborales empresariales siendo el primero de ellos el seguro de riesgos de trabajo, que acentúa a su vez la voracidad de las Aseguradoras, que además de notables ganancias, siguen teniendo beneficios impositivos inexplicables (Artículo 38 Ley 24557). Las quejas de la UIA son incomprensibles: los industriales siguen insatisfechos con los logros obtenidos y la liberación de responsabilidades indemnizatorias con la sanción de la ley 26773. Prácticamente no tienen juicios en su contra y la alícuota del seguro es baja: 3,41 promedio de la masa salarial (según cifras oficiales de la SRT).

El gobierno inició su gestión evitando la crisis solapada fruto de la herencia de graves problemas económicos y sociales transmitidos por la administración anterior. Consiguió levantar el cepo sin inconvenientes, sobrellevó sin grandes problemas el vencimiento del dólar futuro, destrabó el embargo que pesaba sobre el país en el exterior y levantó el juicio del siglo en el juzgado de Thomas Griesa. Todas estas acciones le permitieron conseguir endeudamiento externo, iniciar un plan de obra pública ambicioso para reconstruir la infraestructura del país abandonada hace décadas y realizar un blanqueo inimaginable. Al campo lo benefició con la quita de retenciones (con excepción la soja). El trigo y el maíz está respondiendo con la mayor cosecha de la historia y las Pymes tuvieron rebajas impositivas.

Pero en la segunda parte del gobierno se le ha dado la hegemonía del programa económico al presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien elevó la tasa de interés para disciplinar la inflación, ejecutando lo que se ha dado en llamar política de metas de inflación, es subir la tasa de interés para que el precio del dólar no suba. Este programa alienta la entrada de capitales golondrina que llegan para realizar jugosas ganancias, cambiando dólares por pesos, y llevándose a futuro renta financiera, pero nada de producción.

La tasa de interés está en niveles estrafalarios; la tasa activa de los préstamos es prohibitiva para la actividad productiva. El tipo de cambio se ubica alrededor de los $16.-; desde agosto de 2014 mientras la inflación desde entonces superó el 60%. Se acentúa esta política al privilegiar por sobre otras opciones la lucha contra la inflación, aun a costa del nivel de actividad, asumiendo a su vez una riesgosa política de endeudamiento para cubrir el déficit fiscal que, a la larga, algunos economistas dudan pueda ser sostenible. Pero no contempla que se venía -desde el 2011- con un nivel de actividad económica en baja, de nulo crecimiento y baja inversión, y la mayoría de las medidas adoptadas acentuaron la contracción en vastos sectores económicos, favorecieron las importaciones y la fuga hacia el exterior de los argentinos que gastan o veranean en los países vecinos o en Miami, donde también realizan consumos, como en otras épocas de atraso cambiario, en vez de consumir dentro del país.

Se repite la historia. Esta situación afecta a muchos sectores productivos e inquieta a los exportadores que en el último tiempo vieron ceder sus precios de venta y subir sus costos. (Inflación bimonetaria en pesos y en dólares). También los industriales que producen para el mercado interno se ven forzados a competir rápidamente con las importaciones asiáticas.

En este sentido la gran mayoría de los analistas privados independientes estiman que el tipo de cambio en la Argentina está atrasado y que la economía deberá convivir con esta circunstancia, por lo menos, durante los tres próximos años.

Esta situación, con un “costo argentino” difícil de recortar por el importante rojo fiscal y el año de elecciones, hará compleja la sustentabilidad de sectores poco competitivos, lo que afecta el empleo.

Así según el economista Dante Sica, director de Abeceb: “convivimos actualmente con una situación de atraso cambiario”, el promedio de equilibrio del dólar de largo plazo (entre los años 80 y 2016) sería actualmente de 22,4 pesos por cada unidad de moneda estadounidense, cuando al presente está en 16 pesos. Sólo para poner un ejemplo, en 2002, después de la salida de la convertibilidad, llegó a un valor que actualmente equivaldría a 34,60 pesos, agregando que de acuerdo a la política del gobierno es probable que tengamos que convivir los tres años que quedan con atraso cambiario[…]”. “El nivel del tipo de cambio real actual es sólo 20% más alto comparado con el de finales de la convertibilidad, que era un tipo de cambio súper apreciado, sin embargo la presión tributaria es el doble comparada con aquel entonces”… “Por otro lado, el tipo de cambio está 25% más apreciado que en octubre de 2011, cuando se instauró el cepo porque el sector privado comenzó a percibir que el tipo de cambio estaba empezado a retrasarse. Hoy se necesitaría un dólar de $ 20 para ubicarnos en los niveles de octubre de 2011, afirman numerosos especialistas. El nivel del tipo de cambio real actual es sólo 20% más alto comparado con el de finales de la convertibilidad, que era un tipo de cambio súper apreciado, pero además hay que tener en cuenta que ahora la presión tributaria es el doble comparada con aquel entonces, con lo cual la situación conspira aún más para la competitividad empresarial, a lo que había que agregar los costos energéticos, logísticos, déficit de infraestructura: rutas trenes, cuyo déficit definen un “costo argentino” no competitivo”.  Según Mario Brodersohn a fines del 2017 el tipo de cambio real multilateral, habiendo devaluado un 40% al salir del cepo cambiario, sería un 10 % más alto que el tipo de cambio real de diciembre del 2015, que a su vez era un 33 % inferior al de fines del 2011 y el más atrasado en los 12 años de gestión kirchnerista .

El atraso cambiario es popular porque permite revalorizar el poder adquisitivo del peso en términos de dólares. Los gobiernos siempre apelan al atraso cambiario porque les permite conquistar el voto de la clase media que ve incrementado su poder de consumo en dólares. Pero la contracara de este proceso es la industria nacional, que no puede competir con los productos importados y se producen cierres y despidos, como ya quedó demostrado en reiteradas experiencias pasadas .

No somos economistas, pero tampoco podemos permanecer ciegos ante lo evidente. Rigidizar el atraso cambiario y vulnerar el derecho de las víctimas laborales, sin resolver el camino equivocado de mejorar la posición de las empresas argentinas en el comercio internacional, parece un camino, equivocado tanto desde la macroeconomía, como desde la axiología, cuyo fracaso ha sido repetido en la Argentina.

Por eso el presidente, como tantos otros en el pasado, se equivoca en buscar el chivo expiatorio en los abogados, los jueces y el derecho del trabajo y su aplicación, cuando los problemas de inversión y empleo dependen de acertadas políticas económicas de promoción de la inversión.

Tampoco lo harán ahora, pero sin duda la población laboral quedará innecesariamente más vulnerable y los daños injustamente sufridos, serán reparados en una medida aun inferior a la del retaceado escenario actual, después de los retrocesos legales en materia de daños laborales sucedidos desde 2012.

Los ataques de tinte economicista, al tenor de cuestionar la función de los abogados y de modo implícito el rol de la justicia, son muy preocupantes, sobre todo porque provienen de la cúspide del poder político de la Nación.

La litigiosidad, la industria del juicio y una supuesta condescendencia de los tribunales, son los argumentos centrales.

El sustrato ideológico del cuestionamiento a la labor de los abogados corresponde al enfoque económico del derecho que según el Profesor Jorge Mosset Iturraspe es: “la introducción de un criterio ‘consecuencialista’ a la hora de interpretar y aplicar el Derecho sobre la base de una ‘pureza’ en el razonamiento económico comparable a la ‘pureza’ jurídica de la teoría de Kelsen, una y otra marginadas de los valores de la escala axiológica que termina de convencernos sobre la necesaria ‘impureza’ del Derecho” .

Estamos escuchando parecidas manifestaciones utilizadas para justificar la flexibilidad laboral de la década del 90 (y la propia sanción de la LRT), estos argumentos deslegitimados por la realidad, carecen hoy de fuerza de convicción.

Sin embargo olvidando los fracasos del pasado se vuelve a arremeter con el mismo ímpetu avasallante.

Si con los mismos instrumentos solo se cosecharon fracasos económicos y vulnerabilidad social: ¿repitiendo el mismo camino con los mismos métodos pueden obtenerse resultados diferentes?

La experiencia de los últimos treinta años indica que no.

Buenos Aires, 11 de junio de 2017