Asociación de Abogados Laboralistas. declaración - La Defensa

ATACAR A LA JUSTICIA DEL TRABAJO, ATACAR A LOS JUECES Y JUEZAS LABORALES Y ATACAR A LOS/AS ABOGADOS/AS LABORALISTAS, ES ATACAR A LOS/AS TRABAJADORES/AS (junio 2017).

El Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, desde que asumió el cargo está comprometido en una cruzada contra la Justicia del Trabajo, contra los Jueces del Fuero y contra los/as abogados/as laboralistas. Periódicamente hace declaraciones públicas, en las que sin el menor pudor agravia a magistrados/as y abogados/as, desnudando con llamativa simpleza su pensamiento íntimo. Cuando habla de estos temas evidencia su  extracción de clase y la verdadera representación que ejerce: la de los empresarios que repiten constantemente un relato que la realidad desmiente a gritos: “la Justicia del Trabajo falla siempre para el mismo lado”, “jueces y abogados son responsables de la quiebra de las Pymes”, “la mafia de los laboralistas”, “la industria del juicio de los accidentes de trabajo”, etc. Esta vez en declaraciones realizadas en la Bolsa de Comercio, auspiciadas por el “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, que no es el Colegio Público que regula la matrícula sino una asociación que representa a los abogados de grandes estudios jurídicos, ligados a las corporaciones, en la que se destacan personajes ideológicamente retrógrados y ahora aplaudidores del macrismo.

La quiebra de las PYMES, en todo caso, obedece a las políticas macroeconómicas de esta gestión, a la apertura indiscriminada de las importaciones, a la destrucción de la industria nacional, al congelamiento o reducción de los salarios reales y la consecuente retracción del consumo. Es decir, la estrategia económica basada en el “enfriamiento” de la economía, entre otras medidas, incrementó los despidos, el desempleo y la subocupación. Se trata de consecuencias nefastas para los/as trabajadores/as, jubilados/as y los sectores más vulnerables de la población.

Es evidente que el Presidente de la Nación, como gran parte de la clase que representa, sueña con un país sin Justicia del Trabajo. Su pensamiento encarna el ideal del denominado neoliberalismo, que sueña con la vuelta al siglo XIX y un retorno al mercado autoregulado, sin intervención estatal en la economía ni Derecho del Trabajo. Pretende así retroceder más de 100 años.

Sin la jurisdicción especial creada en consecuencia, la Justicia Laboral o el Fuero del Trabajo, actualmente reconocida en normas supralegales como la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 36), no existe protección alguna de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es obvio que no pueden hacerla desaparecer, por lo tanto, aspiran a controlarla impulsando su traspaso a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde controlan el Consejo de la Magistratura, lo que les permitirá completar las numerosísimas vacantes hoy existentes, con magistrados “que fallen para el otro lado”, tal como sugirió el Presidente. Para los jueces que sean trasladados, existe la amenaza latente del Juicio Político. Con una desfachatez que asombra, el gobierno denuncia a cuanto magistrado tiene la osadía de dictar una sentencia que no sea de su agrado.

La consigna es más que clara: hay que disciplinar la Justicia del Trabajo, así se terminan los recursos de amparos y medidas cautelares que traben sus políticas. De avanzar en sus propósitos, en poco tiempo la experiencia menemista de una justicia adicta, será un juego de niños frente a lo que vendría.

Afirmó el Presidente: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen". Dicha aseveración ostenta una gravedad inusitada. Sutilmente, o no tanto, la división de Poderes y el contrapeso que de sus funciones se deriva, va desapareciendo. En tal caso, nuestros derechos, libertades y garantías quedarán a merced del elenco gobernante. No lo podemos permitir.

Aunque parezca obvio, es necesario remarcarlo: los verdaderos destinatarios de esta feroz ofensiva contra la Justicia del Trabajo no son los jueces o los abogados, sino las y los trabajadores, ya que ella es una herramienta fundamental a fin de lograr la efectividad de sus derechos. Una Justicia del Trabajo colonizada por el gobierno sería un fuerte golpe para la clase trabajadora argentina y la aplicación de sus derechos fundamentales, quedando en letra abstracta el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis CN, el cual reconoce que la persona que trabaja es el sujeto de preferente tutela constitucional.

De este modo, existe un avasallamiento del Estado Social de Derecho, el cual se caracteriza no solo por la consagración normativa de derechos humanos y sociales sino por la existencia de mecanismos idóneos que permitan su ejercicio. De esta manera, se ataca el art. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 8 y 25 de la CADH, comprometiendo la responsabilidad del Estado Argentino a nivel internacional.

En la misma ofensiva, el Ministerio de Trabajo de la Nación, ataca a los sindicatos que defienden fielmente los derechos de sus representados. Prueba de ellos es la intervención lisa y llana a distintas entidades, la suspensión de la personería a varias asociaciones sindicales y la amenaza permanente del “quite” de la personería gremial frente al ejercido legítimo del derecho de huelga y de otras acciones gremiales. Asimismo, se difunde por medios masivos de comunicación que no se homologarán los convenios colectivos que superen los “techos” impuestos a los aumentos salariales, a lo que se suma una cantidad de iniciativas con el intento de derogar normas protectorias, limitar o anular la negociación  colectiva, revivir la precarización y flexibilización laboral. Y peor aún, se constata un avance inusitado de la criminalización de la protesta social, con detenciones arbitrarias y multiplicación de causas penales a quienes ejercen colectivamente un derecho.

Por tales motivos, creemos necesario convocar al movimiento obrero organizado en todas sus vertientes, a los organismos de derechos humanos, a los movimientos sociales, a las asociaciones de abogados, de jueces y funcionarios, a las universidades, a las organizaciones académicas de derecho y a todas aquellas personas que sueñan con un orden social más justo y solidario, a resistir y enfrentar este ataque al Fuero Laboral y a los derechos sociales.